Dos meses y tres días han pasado desde que el presidente Rafael Correa decretó en emergencia a la provincia de Esmeraldas, por el azote de las lluvias. Sin embargo, los recursos ofrecidos, USD 6 millones, no llegan.
Los municipios de Esmeraldas, Eloy Alfaro, Rioverde, Quinindé, Atacames y Muisne ya firmaron los convenios con la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo para ejecutar las obras prioritarias.
fakeFCKRemoveHasta ayer, los recursos no fueron transferidos a las cuentas de los organismos seccionales, a pesar de que ya concluyeron los 60 días de vigencia del decreto.
Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por el invierno. Según la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, se necesitan USD 50 millones para reparar los daños. “Lo que nos ofreció el Gobierno es poco, pero ni siquiera eso nos dio”.
La Prefecta aseguró que necesitan dinero para levantar puentes, construir muros de contención, reubicar a las comunidades que se inundan, realizar dragados, entre otros proyectos que tienen carácter de urgente.
Ernesto Estupiñán, alcalde de Esmeraldas, también manifestó su descontento por la demora en la asignación de los recursos. “Nos han hecho firmar tres veces los mismos convenios. No sé si están esperando que haya pérdida de vidas humanas para actuar”.
Las autoridades de Esmeraldas están solicitando una audiencia, de manera urgente, con el Presidente de la República para plantear este reclamo.
Exigirán que se atienda, principalmente, a las comunidades que están en peligro.
Ese el caso de la parroquia Telembí, la más extensa y poblada del cantón Eloy Alfaro. Por las constantes lluvias, 120 familias fueron evacuadas y ahora viven en un albergue. Además, se perdieron extensas áreas de cultivos.
Según los registros del Ministerio de Agricultura, 7 600 hectáreas de cultivos fueron arrasadas por las crecientes de los ríos. A los damnificados se les ofreció fertilizantes y equipos para recuperar los terrenos perdidos.
En la isla La Burrera, ubicada a un costado de la ciudad de Esmeraldas, pocas plantaciones quedan en pie. Un puñado de viviendas sobresale entre el lodo.
Por esa razón, 40 familias han abandonado la isla y están albergadas en el recinto Ferial del barrio La Propicia. Reciben raciones alimenticias y atención médica, una vez por semana.
Telmo García, de 77 años, está desesperado por volver a la isla. Él no entiende de decretos de emergencia, lo único que quiere es retornar a su predio. La crecida del río destruyó las dos hectáreas de terreno, donde sembró plátano, habas, maíz y pimiento.
“Vivo de la agricultura y ya son tres semanas que estoy aquí sin hacer nada. Ya no tengo plata”.
América Jirón, su esposa, de 70 años, teme por lo que vendrá. “El invierno sigue y no vemos que se concrete la reubicación que nos prometieron las autoridades”.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) les ofreció un terreno para la reubicación definitiva. Los vecinos están de acuerdo, pero piden que en verano les permitan sembrar en la isla. “No tenemos otra alternativa de trabajo, por ahora”.
Guillermo Prado, coordinador provincial de la Secretaría de Gestión del Riesgo, confirmó que los proyectos ya están aprobados, pero desconoce la razón por la cual no se asignaron los recursos. “Hasta ahora no sé qué pasó en el Ministerio de Finanzas”.
Los albergados reconocen que el abastecimiento de alimentos es normal, pero no es suficiente. Esperanza Caicedo está segura de que después del invierno no tendrá otra opción que regresar a su casa, aunque el riesgo persista.
“Esta es una realidad de todos los años. En el momento de la inundación nos ofrecen hasta casa nueva, pero después se olvida. Del pobre no se acuerdan”.