9 de July de 2013 00:02

Dos alcaldes y una Prefecta, destituidos en menos de un año

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Con la destitución de la exprefecta Lucía Sosa y su exprocuradora síndica, Rosalía Valdez, suman cuatro los funcionarios de gobierno seccionales de la provincia de Esmeraldas que han sido separados de sus cargos. Todo ha sido en menos de un año.

Los exalcaldes de Muisne, Ángel Bernal; y de Eloy Alfaro, Richard Mina, salieron de sus puestos en septiembre y noviembre del 2012.

Ellos fueron acusados por supuestas irregularidades en el manejo de recursos. Los concejales de sus municipios lograron una mayoría que terminó con su desconocimiento como alcaldes.

Con Sosa y Valdez fue diferente. Fueron destituidas por incumplir las sentencias dispuestas dentro del juicio que siguieron 46 extrabajadores contra la Prefectura, en 2005. Según la resolución del pleno de la Corte Constitucional, no se acató la orden de reintegración de los exobreros dictada por un juzgado y un tribunal.

La exprefecta abandonó su despacho el viernes pasado tras entregar el mando a su sucesor, Rafael Erazo. Para Paulino Nazareno, director provincial del Movimiento Popular Democrático (MPD), del que son parte Sosa y Erazo, la sentencia es muestra de la persecución política por parte del Gobierno hacia su partido.

Pero para el abogado Félix Preciado, hay otras razones de fondo. Por ejemplo, la forma en que se manejan las instituciones. "Gran parte del atraso de esta provincia se debe a una permanente forma de ignorar la Ley, a una permanente práctica caudillista que desprecia toda práctica democrática que deben cumplir estas instituciones". Aunque también existen razones políticas, según el alcalde de Quinindé, Manuel Casanova.

Él también es señalado por sus opositores, quienes han pedido su destitución, por supuesto mal manejo de fondos públicos.

"Es una actitud que se ha asumido en la provincia en el último tiempo. Se quiere llegar al sillón principal sin elecciones. Esto es por el año político, nuevas figuras quieren ganar protagonismo previo a las elecciones (en febrero)".

Casanova enfrentó un intento de destitución en mayo pasado. Un grupo de concejales quiso removerlo basándose en un informe de Contraloría, donde se establecen supuestos indicios de responsabilidad en un contrato de emergencia para el sistema de agua potable, suscrito el 5 de abril por un valor de USD 779 094,49.

Según Contraloría, este no se ajusta a lo previsto en la Ley. Se suscribió el acta de entrega de recepción provisional sin que se concluyera la obra. El caso está en manos de la Fiscalía y Casanova asegura haber presentado todas las pruebas de descargo. Está a la espera de un informe final.

Jorge Martínez, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), dice que a la luz de lo ocurrido en Esmeraldas, las causales de remoción establecidas en el Art. 333 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado (Cootad) deben ser revisadas.

"No se puede, a juicio de una mayoría de concejales, interpretar una malversación o mal manejo de fondos públicos, para eso hay organismos competentes encargados de investigar, como la Contraloría (...)". Tiene que haber -agrega Martínez- una sentencia ejecutoriada para dar paso a la salida de una autoridad, "los concejales no son los jueces".

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