Hacia ambos costados de la vía que conduce al botadero Las Iguanas, noroeste de Guayaquil, varias personas conversan bajo la sombra de dos árboles. Algunos beben agua para aplacar la sed por el fuerte calor. Varias madres están junto a sus hijos.
En un depósito de madera, sobre algunos colchones, varias mujeres descansan. Teresa González provisionalmente vive allí. “Dormimos en un colchoncito que nos regalaron, porque todo lo que teníamos lo quemaron”.
Ella, quien se encuentra en el quinto mes de embarazo, es integrante de una de las 500 familias afectadas con el desalojo ejecutado por la Policía. Fue el pasado viernes, en el sector La Ladrillera, bloque 22 de Bastión Popular.
Muestra el hematoma y la hinchazón en su seno izquierdo. “Un policía me golpeó con el tolete, porque no quería salir de la casa”.
A su lado, María Chávez da de lactar a su hijo. Le preocupa la falta de alimentos. “Aquí estamos solo con un agua aromática y un pan. Pedimos que el presidente Rafael Correa nos ayude”.
Los moradores de la cooperativa Cañar intentan trazar una estrategia para volver a sus tierras. Además de continuar con una acción judicial en el Juzgado Quinto de Inquilinato, en el que dicen que han ganado las dos primeras instancias, estudian la posibilidad de pedir una audiencia con el Gobernador del Guayas.
Desde el viernes, la mayoría de habitantes pernocta en las inmediaciones, algunos a la intemperie. Todas sus casas fueron destruidas por la acción policial.
Los afectados dijeron que el desalojo lo pidió el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Esta entidad dará hoy un informe. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda tampoco dio su versión sobre la intención de ejecutar un plan popular en el sitio.
Se espera que en el informe del INDA se incluya la versión de las autoridades policiales sobre el operativo de desalojo.
Segundo Tenorio, uno de los moradores, denunció que por la acción policial hubo un niño herido, al caerle la casa en su pierna.
Otros vecinos hablan de dos muertos. En la morgue de la Policía desmintieron la versión.
Tenorio acusa a una persona conocida como ‘Don Turco’, quien reclama la posesión de esos terrenos. “Estas tierras son nuestras. Nos donó el señor Miguel Sarmiento, quien era dueño, para la cooperativa”.