21 de diciembre de 2016 20:11

Vivir en el cráter de un volcán y otros riesgos en Ecuador

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Agencia AFP

"Si hay que morir, hay que morir donde sea", dice sin miedo Segundo Pillajo, quien habita en el cráter del Pululahua, uno de los muchos volcanes de Ecuador, país bajo la amenaza permanente de catástrofes naturales.

En una modesta casa de bloques levantada sobre un terreno en el que cría ganado y cultiva maíz y fréjol, este hombre de 58 años aseguró que en el fondo del cráter tiene "la tranquilidad del campo".

La caldera de este coloso, cuya última erupción fue hace 2 300 años, es el hogar permanente de al menos 30 familias y el atractivo de turistas que descienden hasta allí, donde hay un par de restaurantes y hosterías, una iglesia y una escuela que cerró hace varios años por falta de estudiantes.

Cornelius Zea se mudó al cráter del Pululahua, a 27 km al norte de Quito, hace 15 años atraído por el contacto con la naturaleza y el silencio que el lugar ofrece.

"La paz. ¡Qué contradictorio! La paz en medio del riesgo, sabiendo que la naturaleza no va en contra de mí, sino que (una erupción) es una situación que puede darse en cualquier momento", señaló a la AFP, Zea, un sociólogo de 65 años.

Aunque el Pululahua es un lugar apacible, está catalogado como uno de los 30 volcanes potencialmente activos de Ecuador.

"El volcán se encuentra monitoreado, pero no muestra señales de reactivación", explicó el vulcanólogo Jean-Luc Le Pennec, del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia.

Ecuador, con apenas 283 561 km2 y unos 16 millones de habitantes, es el tercer país del mundo con mayor número de volcanes (unos 80), después de Indonesia y Chile. En las últimas décadas, ocho han estado activos, con la amenaza que ello supone.

Actualmente hay cuatro volcanes en proceso eruptivo: el Tungurahua, el Cotopaxi, el Sangay y el Reventador.

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) estima que una potente explosión del Tungurahua, en erupción desde 1999, podría afectar a más de 10 000 personas que viven en los pueblos más cercanos.

El Cotopaxi, de 5 897 metros y con nieve perpetua, se reactivó en agosto de 2015 tras 138 años de calma. Las autoridades señalan que 325 000 habitantes de tres provincias podrían verse perjudicados por las eventuales avalanchas producidas por el deshielo.

Un dolor de cabeza
Pero los volcanes no son los únicos que le quitan el sueño a este pequeño país andino. Al estar ubicado en la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana, es también tremendamente sísmico, con dos o tres terremotos con víctimas por decenio, como el que sacudió la costa Pacífico el pasado 16 de abril.

"Los riesgos naturales que pueden afectar al país son los sismos, el fenómeno de El Niño, las erupciones volcánicas, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales, los aguajes", dijo Mario Ruiz, viceministro de la SGR.

Todo ello supone un dolor de cabeza y un fuerte gasto. No hay un dato global de cuánto le cuesta a Ecuador anualmente no sólo recuperarse de los desastres, sino también las tareas de seguimiento y prevención.

Sólo el terremoto de abril, en el que murieron 673 personas, dejó pérdidas por unos USD 3 300 millones, mientras que el gobierno ha invertido en los últimos años unos USD 1 100 millones en proyectos para control de inundaciones y sequías.

A ello hay que sumarle muchas otras partidas: evacuación preventiva de poblaciones cercanas a las erupciones, ayudas para campesinos golpeados por la ceniza volcánica, simulacros nacionales, campañas de información.

El año pasado, las autoridades decretaron el "estado de excepción" temporal en 17 de las 24 provincias para movilizar recursos ante posibles daños a causa de El Niño, que provocó graves inundaciones y sequías a principios de la década de 1980 y a finales de la de 1990.

Para Hugo Yepes, experto en sismología del Instituto Geofísico, la "falta de memoria" impide enfocar los esfuerzos en tareas de prevención a largo plazo.

Yepes opinó que las acciones de preparación, por ejemplo en el caso de terremotos, deben "ser una prioridad permanente para atacar prácticas corruptas y que se construya de mejor manera".

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