5 de noviembre de 2017 00:00

114 casos de tortura no tienen sentencia

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Fernando Medina
Redactor
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A un costado de la imagen de la Virgen del Carmen está la fotografía de Julio García, el fotógrafo chileno que murió en abril del 2005, durante las manifestaciones en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez.

Su esposa, Rosario Parra, armó un pequeño altar en medio de la sala de su casa. En voz baja, la mujer relata que en una caja, junto a la Virgen, está una parte de las cenizas de ‘Julito’, como lo llamaba con cariño.

El resto fue esparcido en el Chimborazo y en el mar de Arica, en su natal Chile. Pero en la caja también está su billetera, su navaja y un llavero.

Esos objetos le entregaron a su esposa después de que se confirmara que él había muerto asfixiado por las bombas lacrimógenas que usaron los uniformados en las protestas.

Desde ese día han pasado 12 años, pero la muerte de García aún no se aclara. No se conoce cómo fue, ni tampoco se ha identificado a sus responsables. Lo único que le dijeron a su esposa y a sus dos hijas es que perdió el conocimiento entre las calles Guayaquil y Chile, en el centro de Quito.

Desde entonces, la muerte del fotógrafo se manejó como una ejecución extrajudicial. Eso provocó que en el 2009, su nombre aparezca en el informe de la Comisión de la Verdad (CV), un organismo creado dos años antes, en mayo del 2007, para que se “investigaran, esclarecieran e impidieran la impunidad” de hechos en donde se violaron derechos.

La CV registró 118 casos en ese informe. De esos, en la actualidad apenas cuatro han llegado a una sentencia. El resto (114) está en investigación reservada; es decir no hay responsables, ni tampoco existe una hipótesis clara de lo que sucedió con las 456 víctimas reportadas en esos casos.

Eso ha llamado la atención del actual Gobierno, pues los casos datan desde 1984 hasta el 2008. Frente a esto, el pasado 10 de octubre, el Gobierno exigió a la Fiscalía que actúe con “extrema rapidez”, pues son de “atención prioritaria”.

En eso coinciden agrupaciones de DD.HH., como Inredh. Harold Burbano es abogado de ese organismo y ha seguido los casos desde que el informe de la CV fue publicado.

Él explica que el retraso en las investigaciones se da porque la Fiscalía no puede detectar a los perpetradores, y al no existir responsables identificados, los procesos judiciales se quedan estancados.

Uno de esos es el de Ricardo Merino, un joven de 26 años que fue asesinado en Cuenca en 1986. Su hermana Clara recuerda que lo encontraron con un disparo en la cabeza y dos más en el corazón.

Los vecinos dijeron que policías encapuchados ingresaron a su casa en la madrugada y luego se escucharon las tres detonaciones. Este caso también se maneja como una ejecución extrajudicial y tampoco ha pasado de la investigación reservada. La hermana de Merino señala que aún espera que la Fiscalía procese a los uniformados involucrados.

En el caso del fotógrafo chileno, la Fiscalía tampoco ha detectado quién lanzó las bombas, relata su esposa.

La lentitud ha provocado que familiares de las víctimas se organicen y activen un comité. A finales del 2015, esta agrupación pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligue al Estado ecuatoriano a agilizar las investigaciones.

A los allegados les preocupa que siga pasando el tiempo y no haya resultados, teniendo en cuenta que existen 831 delitos que se perpetraron. Entre los principales están la tortura, privación ilegal de la libertad, violencia sexual y ejecuciones.

Emilio Aguayo,
director de la Comisión de la Verdad de esa institución, explica que las investigaciones de estos hechos son complejas.

Él detalla que una de las dificultades que se les presenta es que al ser casos que ocurrieron hace años se requiere recolectar información como recortes de prensa, fotos, videos, entre otros elementos que en ocasiones ya no están disponibles.

Incluso hay veces que los testigos ya fallecieron o cambiaron de domicilio. Otro aspecto importante es que en algunos casos no pueden contar con la ayuda de la Policía, pues los principales sospechosos son agentes de esa institución.

En esos casos, la Fiscalía busca a investigadores civiles. Aguayo detalla que la unidad que dirige opera con seis fiscales, de los cuales cuatro están exclusivamente para indagar los hechos del informe.
El resto investiga nuevos casos que no están dentro de ese documento. Por ejemplo, la desaparición de David Romo la lleva un fiscal de esta unidad.

Sin embargo, Aguayo señala que en un año ya tendrán 45 casos judicializados en total.

Para Inredh, la falta de fiscales es un problema serio. “Imagínese son casi 30 casos por cada fiscal, eso es mucho. La Fiscalía debe fortalecer esa unidad”, advierte Burbano.

Pero el tema judicial no es el único que ha influido. Según Inredh y el Comité de Víctimas, la reparación integral también está pendiente. De esto está encargado el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

Esta última entidad otorga a los familiares o víctimas la denominada reparación inmaterial, es decir, becas estudiantiles para los hijos, develamiento de placas simbólicas, tratamiento psicológico, operaciones médicas, trabajo, etc.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, dice que se han concretado más de 350 acuerdos de reparación. Pero Inredh dice que no es así y que solo unas 40 personas han tenido ayuda de esa entidad.

Hace cinco meses, por ejemplo, la esposa del fotógrafo chileno solicitó una beca para su hija, pero hasta el momento no se ha concretado. Según Rivadeneira, una vez que se da esta reparación inmaterial, los casos van al Ministerio de Justicia para una indemnización.

Según esta entidad se actúa con agilidad, pues ya se han concretado 32 acuerdos de pago a víctimas en este Gobierno, mientras que en el anterior hubo cinco. Los últimos se firmaron el 10 de octubre. Ese día, 23 mineros artesanales recibieron USD 30 000. En 1987, ese grupo fue desalojado violentamente de sus tierras en El Oro.

En contexto
En octubre del 2013, la Asamblea aprobó la Ley de Víctimas. Se dispuso que los 456 afectados que están en el informe de la Comisión de la Verdad tengan acceso a una reparación integral directa. Es decir, aunque no exista un proceso judicial o sentencia.

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