El Piedrero es un tema pendiente. Guayas y Cañar se disputan su territorio. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El agua les llega por un tubo desde Bolívar. Algunas calles fueron lastradas por maquinaria de Los Ríos. Y sus escuelas, dispensarios y la iglesia están registrados en Guayas.
En el recinto Matilde Esther no saben a qué provincia pertenecen; o al menos no está definido en el mapa. “Somos como un hijo huérfano”, dice Ernesto Barragán, parte de los 5 000 habitantes de esta localidad de 2,27 km2 de extensión.
La falta de delimitación es un problema que acarrean desde hace 40 años, recuerda Barragán, presidente del Comité Promejoras. “Era una hacienda y nunca se definieron bien los límites”, cuenta mientras recorre una calle que divide al pueblo entre Babahoyo (Los Ríos) y Bucay (Guayas).
En su conteo de obras, Barragán habla más de Guayas; aunque también reconoce que no es fácil el acceso a agua potable y alcantarillado. Han sobrevivido, dice, entre bingos y rifas para hacer puentes y cabañas turísticas junto al río San Antonio. “Nadie quiere invertir más porque no está delimitado”.
Matilde Esther es una de las seis comunidades que Guayas reclama como suyas frente a otras cinco provincias. Son 246,91 km2 de territorio, 45 recintos, 1 980 viviendas y 9 600 habitantes, que fueron puestos a consideración del Consejo Nacional de Límites Internos (Conali), para su análisis.
Raúl Muñoz, secretario técnico del Conali, explica que solo emiten informes técnicos, basados en pruebas geográficas, jurídicas, históricas y sociales. Y que, según la ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, es el Ejecutivo quien tiene la última palabra.
Este organismo ha resuelto 956 conflictos de límites interprovinciales, intercantonales e interparroquiales en el país. 16 aún están pendientes, entre ellos los cinco de Guayas.
En La Esperanza Alta se ven carteles de Bolívar y Guayas. Es una zona turística. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO
Jimmy Jairala rechaza los expedientes del Conali. El Prefecto del Guayas dice que cuatro han resultado negativos para su provincia, pese a que han presentado documentos históricos, mapas de la cercanía a centros poblados de Guayas y otros reportes como una inversión de USD 2,1 millones en estas localidades durante el 2016. “Se nos ha perjudicado”.
En el caso de Matilde Esther, el informe es favorable a Los Ríos, como afirma su prefecto, Marco Troya. Él defiende un acta firmada en abril del 2015 entre ambas provincias, en la que se comprometen a respetar lo que diga el Conali. “Hay que respetar el acta. Estábamos conscientes de que corríamos un riesgo”.
El viernes, el presidente Rafael Correa se refirió al tema. Recordó que desde que la Manga del Cura pasó a Manabí, por consulta popular, Jairala le solicitó que el Conali resolviera el resto de conflictos.
Ayer, 14 de febrero, en un enlace radial, el prefecto guayasense solicitó a Correa una nueva revisión. “Todavía podemos llegar hasta la Corte Constitucional”.
Mientras sigue el análisis, un ambiente de división envuelve a sitios como el El Piedrero, con 6 400 personas, 167 km2 y en disputa entre Guayas y Cañar. “El Triunfo está a cinco minutos; por eso es de Guayas”, dice Franklin Panamá. Pero su vecino Gustavo Tomalá no piensa igual. “Cañar ha hecho todo: centros de salud, escuelas, canchas de fútbol…”. Este es aún un caso pendiente.
De vuelta a Bucay, a más de Matilde Esther, el cantón tiene otra área en conflicto. Se trata de Esperanza Alta y Santa Rosa de Agua Clara, una zona montañosa donde brotan cascadas cristalinas. Aquí, el impasse es entre Guayas y Bolívar.
La vía Matilde Esther es obra de la Prefectura del Guayas. Los Ríos lo reclama. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Pablo Villamarín es el propietario de una finca en Esperanza Alta. Y su opinión está dividida: paga unos impuestos prediales muy económicos en Bolívar (USD 12 por 30 hectáreas), pero casi todos sus clientes son turistas de Guayas.
El prefecto de Bolívar, Vinicio Coloma, defiende este territorio, marcado con carteles que anuncian: ‘orgullosamente bolivarense’. “El Conali dice que las pruebas de Guayas no tienen la razón por carecer de sustento técnico, geográfico, jurídico y social. Todos esos factores favorecen a Bolívar”.
Pero Hólger Morocho, del Municipio de Bucay, explica que su cantón perdería el 70% de su territorio. Incluso se quedarían sin el río Limón, la principal fuente de captación de agua para potabilizar.
Mientras la pugna sigue entre autoridades, los pobladores piden una pronta solución. En Matilde Esther, Ernesto Barragán dice que están decididos a irse del lado que les digan. “Pero que no nos dividan. En adelante queremos ser parroquia para poder manejar nuestros propios recursos”.