16 de julio de 2017 00:00

El doble de presos por drogas en 15 meses, reformas incidieron en el incremento

El pasado miércoles, un joven fue  procesado por tráfico de drogas en Flagrancias (Quito). A diario se realizan unas tres audiencias por este delito. Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El pasado miércoles, un joven fue procesado por tráfico de drogas en Flagrancias (Quito). A diario se realizan unas tres audiencias por este delito. Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

Dos gramos y medio de cocaína fueron suficientes para que a Cecilia la detuvieran el 10 de septiembre del 2016, en Ibarra. A sus 38 años y con dos hijos menores, puede enfrentar una pena de hasta cinco años por tráfico de drogas.

Esa es una de las sanciones que fija el Código Integral Penal (COIP) para quienes trafican con pequeñas cantidades de narcóticos, tras haberse endurecido la ley en la última reforma del 1 octubre del 2015.

Desde entonces, las cifras del Ministerio de Justicia revelan un incremento en el número de detenidos por este delito. Actualmente hay más de 9 087 personas encerradas por vender o poseer drogas. Antes de octubre del 2015 había 4 376.

Este aumento no solo coincidió con esta reforma. Un mes antes, en septiembre del 2015, hubo dos cambios más: se disminuyeron las cantidades de la tabla de drogas, que determinan si una persona es traficante de mínima, mediana, alta y gran escala. Y se permitió que los jueces sumen años de cárcel según los tipos de sustancia que el sospechoso porte.

Antes, una persona era juzgada por la sustancia con más peso. Es decir, si se le encontraba con dos gramos de cocaína y 10 de marihuana, solo se le sancionaba por vender marihuana. Ahora se suma todo para definir la sentencia.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reconoció que estos tres cambios legales incidieron en el aumento de arrestados.

El catedrático Jorge Paladines opina igual. “Nunca el incremento de la tasa de encarcelamiento es positivo. Los centros se llenan de personas de estratos socio-económicos bajos; de microtraficantes, mulas o consumidores”, dice.

Actualmente, según el último reporte entregado por el Ministerio de Justicia a este Diario, una de cada tres personas recluidas en las 34 cárceles del país enfrenta procesos por drogas.

Ana Gabriela, de 24 años, fue condenada a 10 años de prisión por guardar 23 gramos de heroína debajo del tanque de gas de su cocina. La sentencia del Tribunal del Guayas confirmó que la joven padecía adicción desde la adolescencia a esta sustancia, pero también argumentó que la cantidad era excesiva para su uso personal.

Antes de las tres reformas del 2015, el Gobierno había dado pasos para suavizar su política de drogas: prohibió criminalizar a los consumidores, creó dos tablas para diferenciar a los usuarios de narcóticos de los pequeños expendedores y redujo las penas para este último grupo.

Eso permitió reducir el número de presos, sobre todo a partir de la vigencia del COIP, en agosto del 2014. Ese mes había 6 136 detenidos por estupefacientes. Ocho meses más tarde, el número cayó a 3 809.

Mauro Andino,
exasambleísta, asegura que esa política permitió sacar de la cárcel a más de 2 100 sentenciados por tráfico de pequeñas dosis, entre el 2014 y 2015. “En ese tiempo se vio el problema desde un enfoque de salud”, recuerda.

Luis Eduardo, quien tenía un problema de adicción, fue uno de los beneficiados en ese entonces. En el 2008, él recibió una condena de 20 años por llevar 18,9 gramos de cocaína que eran para su uso. Pero con el COIP su condena se redujo a seis meses. Estuvo siete años en cárcel, hasta abril del 2015, cuando fue liberado.

Las reformas del 2015 iniciaron días después de que el entonces presidente Rafael Correa cuestionara las tablas.

Apartir de septiembre del 2015, el microtráfico, por ejemplo, pasó a ser sancionado con una pena de uno a tres años de cárcel; antes la pena era de dos a seis meses.

Es decir, los sospechosos pagan hoy condenas más duras. Uno de estos casos es el de María Elena, quien fue detenida con 10,9 g de cocaína en septiembre del 2016, en Quito.

Antes de las reformas, su sanción máxima hubiera sido de tres años, por estar dentro del tráfico de mediana escala, pero ahora se enfrenta a una pena de hasta cinco años.

Este Diario consultó a asambleístas que votaron a favor del endurecimiento de las sanciones.

La exlegisladora Gina Godoy, por ejemplo, señala que las reformas fueron una respuesta a “la necesidad de castigar a expendedores tanto de mínima como de gran escala, porque atentan contra los jóvenes”.

Para ella, los meses que han pasado desde octubre del 2015 son todavía poco tiempo para evaluar si la nueva política fue o no efectiva.

La ministra de Justicia también votó a favor. Ahora Alvarado dice que está en contra de eliminar las tablas de drogas, porque permite diferenciar al consumidor del microtraficante. También aclara que eso no resolvería el problema del consumo.

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