Redacción Negocios
Hasta el próximo sábado 7 se desarrollará la audiencia de cuantificación de los potenciales daños en el arbitraje iniciado por la firma Occidental (Oxy) contra el país.
La compañía exige el pago de más de USD 3 000 millones por daños y perjuicios, tras la decisión del Estado de caducar su contrato de operación del bloque 15, de manera unilateral, en mayo de 2006.
A esta audiencia, en París, asiste el procurador Diego García y un grupo de abogados de la Procuraduría, y abogados externos.
Según un comunicado de la Procuraduría, el Estado, sin aceptar o reconocer responsabilidad alguna que le obligue a indemnizar a Oxy, está presentando sus argumentos legales y económicos.
El organismo reiteró que el monto de indemnización solicitado por la compañía es improcedente e inexacto.
Ayer, la defensa presentó sus alegatos orales y en los siguientes días presentará ante los miembros del tribunal a los diferentes testigos y peritos. Sus testimonios servirán de soporte a la defensa de la República.
Adicionalmente, la Procuraduría recordó que el tribunal aún tiene pendiente resolver si el Estado ecuatoriano actuó conforme a Derecho al dictar la caducidad del contrato de la compañía o si actuó contra Derecho al hacerlo y, en ese evento, cuantificar el monto de la compensación monetaria de los daños causados.
El Gobierno resolvió caducar el contrato de la petrolera estadounidense por haber traspasado sin autorización estatal el 40% de sus activos a la firma canadiense Encana.
La transferencia contractual de Oxy a Encana llevó al Gobierno a recuperar el control de todas las instalaciones y activos de la petrolera extranjera.
Entonces la empresa demandó ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Ecuador que, a su vez, solicitó la anulación del proceso por considerar que el Ciadi no podía llevar el caso.