10 de junio de 2014 20:42

Galo Lara tiene protección por su solicitud de refugio

Galo Lara fue detenido en Panamá. Foto: EFE

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Sara Ortiz. Redactora
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Un carné en el cual constan los cuatro nombres del exasambleísta Galo Lara es, por ahora, su único respaldo legal para no ser devuelto al país.

El documento se lo entregó la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados (Onpar) de Panamá. Así lo explicó José Néstor Brandao, abogado del político ecuatoriano, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel luego de que la Corte Nacional de Justicia lo hallara culpable del asesinato de una familia.

“El asambleísta Galo Lara es un solicitante de refugio”, dijo.
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, las personas solicitantes de refugio, “tienen derecho a permanecer de forma regular en el país hasta que reciban respuesta definitiva a su solicitud”.

El excanciller Francisco Carrión explicó que otro de los derechos de los que goza una persona con necesidad de protección internacional es a no ser rechazada en la frontera, devuelta, deportada, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que le obligue a retornar al territorio donde su integridad física o su libertad personal estén en riesgo.

En el caso de Lara, Brandao detalló que el exlegislador “goza de protección temporal humanitaria, tras haber sido aprobada a trámite su petición”.

La deportación para Carrión “depende de qué tan avanzado esté el trámite de refugio”.

En el único comunicado que ha emitido la Cancillería ecuatoriana se explica que esperan que los pedidos de deportación y de extradición que se hiciera al Gobierno panameño sean atendidos “lo más pronto posible”. El boletín indica también que “considera muy positiva la cooperación entre las autoridades panameñas y ecuatorianas para una justa resolución de este caso”.

Para el fiscal general, Galo Chiriboga, la decisión de que el ecuatoriano regrese está en manos de esa nación.
“Esperamos la decisión de las autoridades de Panamá y la respetaremos. Será una decisión soberana”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Cancillería ecuatoriana también solicitó su extradición. Esto luego de que el Gobierno de Panamá revocara en mayo pasado el asilo territorial al político. La decisión se basó en que había recibido de Ecuador documentación en la que “constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política” contra Lara.


Según el Fiscal, hoy se realiza en ese país una audiencia de deportación para determinar el futuro del exasambleísta.
“Una audiencia que se instalará pasadas las 78 horas de la detención del señor. Eso es una clara violación”, indicó ayer el jurista Brandao, en una entrevista telefónica con este Diario.

El abogado aseguró que según la Legislación panameña, una persona no puede ser detenida sin un juicio más de 24 horas.

También, denunció que hasta ayer, las autoridades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en donde permanece arrestado, no le han permitido visitarlo.

“Parece que hasta en Panamá le sigue el fantasma de la persecución”, comentó. Brandao defiende que su cliente es un perseguido político.

Pedro Granja, el segundo abogado de Lara, también repitió la misma tesis. Ambos afirmaron que tal persecución pondría en riesgo la vida del exlegislador.

“Se trata de un caso donde tres integrantes de una familia fueron asesinados, su casa quemada. ¿Dónde está lo político?”, tuiteó Chiriboga.

Granja recordó las denuncias que Lara hizo mientras fue legislador, sobre todo, cuando integró la Mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional. “Alertó de casos de corrupción que afectan altas personalidades del Gobierno: Seguros Sucre, radares chinos, el caso Duzac y el de Pedro Delgado...”.

Para Granja, el derecho que sí se le ha permitido a Lara, tras su detención, fue la llamada telefónica. “Se comunicó conmigo. Me dijo que estaba bien. Yo le respondí que ese momento compraba un pasaje para Panamá”. Hablaron la noche del lunes, antes de que fuera llevado de emergencia a un hospital público. Brandao dijo que se trató de un problema de presión alta, pero que luego de que los médicos lo estabilizaran, fue devuelto a prisión.

Según la legislación de ese país, una vez que fue admitido el trámite de Lara, la decisión de otorgarle ese estatus es de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados.

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