5 de julio de 2014 20:16

Los asesores legislativos de Alianza País, con poca coordinación

el comercio

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Estefanía Celi R. Redactora
politica@elcomercio.com (I)

El compromiso del bloque oficialista quedó en firme en abril del 2013. Desde el inicio del actual período legislativo, Alianza País asignó a uno de los dos asesores que cada asambleísta de su bloque tiene derecho a contratar.

El objetivo era tener un equipo de 100 asesores para coordinar con el movimiento. Según un reglamento de la Asamblea Nacional, cada legislador puede contratar a dos asesores y dos asistentes.
Como Alianza País tiene un centenar de legisladores, el número total de asesores es 200.Sus sueldos los paga la Asamblea, quegasta más de USD 616 000 mensuales en sus salarios (ver tabulado).

Pero a pesar de ese numeroso grupo de técnicos que rodea al oficialismo en la Legislatura, es el Ejecutivo el que trabaja, por ejemplo, en la elaboración de dos Códigos, que considera prioritarios. Para esto, inició el proceso de contratación de asesorías privadas tanto nacionales como extranjeras.

Los dos procesos de contratación de la Presidencia suman en total USD 487 583, según los documentos de adjudicación, que se encuentran en el Portal de Compras Públicas. El objeto de las consultorías es la elaboración de un Código Orgánico Administrativo y de un nuevo Código de Comercio.

Ambas normas, de ser remitidas a la Asamblea Nacional, serían tramitadas en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea.

La vicepresidenta de esa mesa, Gina Godoy (Alianza País), cree que es positivo que el Ejecutivo haya asumido la elaboración de los Códigos, pues admite que hasta ahora no se ha logrado consolidar el trabajo de los 100 asesores impuestos por el movimiento político para que coordinen y produzcan una Ley.

“Ha pasado un año y no hemos logrado articularlos, pero por eso no se puede permitir que se frenen los temas en los que es necesario trabajar”, sostiene la legisladora.

El grupo de asesores mantiene reuniones desde el inicio del actual período legislativo. Sin embargo, Godoy señala que estas se han incrementado desde mayo pasado, cuando Doris Soliz asumió como secretaria ejecutiva de Alianza País.

Luis Fernando Torres (Creo), también miembro de la Comisión de Justicia, considera apropiado que el Ejecutivo contrate asesoría especializada en el tema para la elaboración de los Códigos. “Los asesores no son especializados, la mayoría conoce de derecho público, de derecho político. Para elaborar estos Códigos se necesitan académicos”.

Sin embargo, cuestiona que se busque contratar a expertos extranjeros como para la elaboración, por ejemplo, del Código Administrativo. En ese caso, un abogado ecuatoriano y cuatro españoles fueron los adjudicatarios del proceso, por un total de USD 337 583.

Los pliegos de la contratación no dan detalles sobre la necesidad de consultores internacionales para el tema. En cambio, sí especifican que los asesores extranjeros deberán reunirse con personal de la Presidencia cada semana mediante videoconferencia y tres veces en Quito durante los 200 días de extensión del contrato.

Los españoles Alfredo Ramos, José Moreno, Francisco Puerta y Jesús Punzón serán los encargados del proyecto de Ley. Los cuatro son docentes del máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El asesor ecuatoriano es el abogado Fabián Andrade Narváez, quien fue procurador metropolitano del Municipio de Quito en la administración de Augusto Barrera hasta el 2011.

Para la elaboración del Código de Comercio, en cambio, el contrato de asesoría fue adjudicado a Gonzalo Noboa Baquerizo e Íder Valverde.

El costo de la consultoría será de USD 150 000, aunque el presupuesto aprobado para el tema fue mayor. El plazo para la entrega del proyecto es también de 200 días desde la suscripción del acuerdo.

Los dos abogados guayaquileños han sido representantes de empresas en grandes litigios. Noboa fue abogado de la Cervecería Nacional en el juicio impuesto por los extrabajadores de esta firma, que exigían el pago de utilidades por
USD 90 millones.

Valverde, en cambio, fue abogado de Alicorp y vinculado en el proceso de juicio político que se siguió en la Asamblea en contra del exfiscal general Washington Pesántez.

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