13 de October de 2014 21:20

37 policías se suicidaron desde el 2010

Un policía muestra la imagen de uno de sus compañeros, que se quitó la vida en Ventanas, provincia de Los Ríos. Foto:  Ministerio del Interior.

Un policía muestra la imagen de uno de sus compañeros, que se quitó la vida en Ventanas, provincia de Los Ríos. Foto: Ministerio del Interior.

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Redacción Seguridad

El disparo retumbó en la habitación de la UPC. Eran las 15:30 del 9 de septiembre, cuando el cabo primero de la Policía Joselito C. fue encontrado muerto. Las primeras versiones decían que era un suicidio, que utilizó su propia arma de dotación y que se disparó en la cabeza.

Tenía 38 años y en la autopsia se detectó una herida de bala que ingresó por el lado izquierdo, a la altura de la sien, y atravesó el cráneo. Los compañeros de la víctima desconocían las causas de la muerte, pues dijeron que ocho horas antes de eso lo habían visto trabajar en su plaza: Ventanas, Los Ríos.

Las alarmas se encendieron y en esos días se conoció que no era la única muerte. En el 2014 en esa provincia se habían suicidado otros cuatro agentes.

Es más, seis días después de la muerte de Joselito C., al Centro de análisis de conducta policial llegó un informe sobre los suicidios entre el 2010 y el 2014.

El documento tiene cinco paginas y revela que en cuatro años se quitaron la vida 37 uniformados. Y de entrada se habla de cinco causas: estrés laboral, depresión, problemas sentimentales (como secuela de problemas en el hogar), manejo financiero personal y consumo de licor.

Quienes trabajan en las UPC saben que los trastornos psicológicos son comunes entre ellos. Al mediodía del pasado miércoles lloviznaba en el norte de Quito. En una de las oficinas, un cabo primero que tiene 11 años de servicio recordó de escenas de depresión por el alejamiento de la familia. “Por ejemplo, mientras yo estaba en la capital, mi esposa y mis hijos vivían en Riobamba”.

Pese a que después de la insubordinación del 30 de septiembre del 2010, ya se habló de la posibilidad de regular los pases de acuerdo con las “necesidades operativas, humanitarias y de seguridad y no poscastigos”, cuatro años después en ese informe de cinco páginas se vuelve a tratar el tema.

Allí se dice: “Se coordina con la Dirección General de Personal a fin de considerar el pase por regiones geográficas (...) cercanas a su domicilio civil”.

De hecho, cuando se levantó una encuesta de percepción en los cuarteles policiales, se conoció que el 41% de los gendarmes no estaba conforme con el lugar en el que se hallaba.

Otro uniformado que opera en una UPC recordó el caso de la cabo segundo Nancy B., de 28 años, quien también se disparó en la cabeza con su arma de dotación, el 25 de enero del 2013.
Lo hizo en la casa de una amiga de la agente en el barrio La Mena 2 (sur de la capital).

Ese día, ella le contó que tenía problemas personales. En un descuido de la mujer que la acompañaba, la policía sacó la pistola y apretó el gatillo.

Según las estadísticas oficiales, de todos los muertos registrados desde el 2010, precisamente el mayor número está entre cabos segundo (30%) y cabos primero (27%).

Para Rolando Silva, un psicólogo clínico que ha tratado en su consultorio particular a cerca de 20 policías con crisis emocionales en los últimos cinco años, la principal molestia que se presenta entre ellos a causa del estrés es la violencia intrafamiliar. “A este problema se le llama inestabilidad emocional de la personalidad. Se someten a las normas del cuerpo institucional, pero en la casa agreden y eso es muy común”.

El especialista recuerda haber “visto a muchos agentes que han terminado sus relaciones porque viven en regímenes muy cerrados; realmente convierten a su casa en un pequeño cuartel y eso para los hijos y esposa es muy fuerte”.

La violencia intrafamiliar es reconocida como un problema de salud en la institución uniformada. El departamento de Asunto Internos (AI) incluso registró que, entre enero del 2013 y julio de este año, hubo 584 denuncias contra gendarmes por agresiones a sus parejas. Por eso, el Ministerio del Interior emprendió una campaña para evaluarlos y someterlos a tratamientos psicológicos.

El objetivo es evitar los casos en los que esposas o novias resulten agredidas como ocurrió la madrugada del 5 de septiembre pasado en Babahoyo (Los Ríos). Ese día murió una mujer de 24 años y su novio, el cabo primero Luis C. de 30 años.
Las primeras investigaciones señalaron que el uniformado habría asesinado a su novia y que luego él se habría quitado la vida. Un pariente de la joven indicó que él llegó a la vivienda y conversó con ella hasta la madrugada. “Jamás hubo pelea, ni discusiones. Cuando todos descansábamos en nuestras camas escuchamos varios disparos dentro de la casa. Al bajar encontramos a los dos cuerpos sin vida tendidos en la sala”.
Las repercusiones psicológicas producidas por el estrés laboral también generan dependencias al consumo de estupefacientes, advierte la doctora Mayra Álava, del hospital Carlos Andrade Marín.

“A través del alcohol o las drogas, los gendarmes buscan despejarse de las tensiones que no han podido manejar debido al riesgo de su profesión”. Las evaluaciones toxicológicas se realizan diariamente en el edificio de AI, en donde se determinó que hubo cinco casos de uniformados que consumen estupefacientes; uno en Manta (Manabí) y cuatro en Quito.
Ellos no serán separados de la Policía, sino que se los someterá a terapias de rehabilitación.

Los gendarmes fueron puestos a órdenes de la Dirección General de Logística, para que sus armas de dotación les sean retiradas. La Dirección de Recursos Humanos, en cambio, los reubicará en puestos en donde ellos no tengan contacto con la gente. Si no logran recuperarse de sus adicciones, serán separados definitivamente.

En el documento que ingresó al Centro de análisis de la conducta policial también se establecen alternativas para encontrar “posibles soluciones”. Y se dice que actualmente la Subdirección de control y confianza de la Inspectoría General realiza pruebas psicológicas, toxicológicas y socioeconómicas.

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