7 de julio de 2014 20:18

El Código Monetario y Financiero entra a debate sin mayores cambios

Presentación del Código Financiero en la comisión de Desarrollo Económico, Diego Martinez del Banco Central, Patricio Rivera Ministro de Economía. Foto: Vicente Costales/ El Comercio

Presentación del Código Financiero en la comisión de Desarrollo Económico, Diego Martinez del Banco Central, Patricio Rivera Ministro de Economía. Foto: Vicente Costales/ El Comercio

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Mónica Orozco. Coordinadora (I)

Sin mayores cambios al proyecto original remitido por el Ejecutivo, el Pleno de la Asamblea tiene previsto analizar hoy, a las 09:30, en primer debate, el Código Monetario y Financiero.

La Comisión de Régimen Económico, que elaboró el informe para este primer análisis, realizó 10 cambios al proyecto enviado por el Ejecutivo, pero ninguno, con excepción del artículo referido al Biess y a las responsabilidades de los titulares de los entes de control sobre las decisiones que tomen, es sobre temas de fondo.

Acerca del primero, el Gobierno propuso que el Directorio del Biess esté conformado por cinco representantes (tres del Ejecutivo, uno de los afiliados y uno de los jubilados). Pero la Comisión planteó que se mantenga la actual conformación (dos miembros del Ejecutivo, uno de los afiliados y uno de los jubilados).

El proyecto remitido por el Ejecutivo, de igual modo, plantea que toda acción judicial en contra de los titulares de los organismos de control, entre ellos la Junta de Regulación, deberá ser archivada. Esto se cambió y según el informe de la Comisión las acciones serán desechadas, excepto aquellas que inicie la Fiscalía General del Estado por delitos contra la administración pública.

Con excepción de estos puntos, no existen mayores cambios, señaló el asambleísta Ramiro Aguilar (ex Suma).

El proyecto, con carácter económico urgente, establece que la regulación al sistema financiero esté supervigilado por una Junta de Regulación, que estará conformada por cinco miembros del Ejecutivo.

Desde varios sectores se ha cuestionado los poderes de este organismo.


Sin embargo, la Comisión mantuvo la mayor parte de las 48 funciones de este ente y optó por eliminar dos: la que
facultaba a este órgano de control a sancionar administra­tivamente infracciones no ­tipificadas y la de interpretar leyes, algo que solo le corresponde a la Asamblea.

Otros dos polémicos temas: la facultad de la Junta para orientar el crédito y regular la liquidez de la economía y del sistema financiero no sufrieron modificación, pese a que la Comisión había señalado que estaba dispuesta a revisar la redacción de estos artículos.

No obstante, el presidente de la Comisión y asambleísta de Alianza País, Oswaldo Larriva, dijo que el debate no está terminado y que esos temas aún pueden analizarse.

Hasta el cierre de esta edición, César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), señaló que había revisado la mitad del informe del Código compuesto por 182 páginas.

Hasta esa parte del informe, dijo, la Comisión no había incluido ninguna de las observaciones del gremio.

Tras este primer debate, la Comisión espera tener listo el informe para segundo debate hasta el 18 o 19 de julio

La banca presentó 19 observaciones

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ABPE, presentó 19 observaciones a la Comisión de lo Económico de sobre el Código Monetario.

Pero de estas, tres son los que más preocupan al sector. La primera tiene que ver con la función de orientación del crédito de la Junta de Regulación, ente que estará compuesto por cinco miembros del Ejecutivo y que tendrá entre sus funciones controlar al sistema financiero.

César Robalino, titular del gremio, dijo días atrás que el proyecto reduce la libertad de los bancos para evaluar los riesgos en el momento de dar créditos. “Los bancos tendrán que hacer lo que el poder público les diga”.

La intención, según el Gobierno, es dar incentivos para que los préstamos sean de más largo plazo y se destinen a actividades productivas.

Otra observación es la capacidad de la Junta para regular la liquidez de la economía y del sistema bancario. Y la tercera es la falta de responsabilidades por las tareas de control y regulación al sistema.

La Comisión aceptó esta última y, según el asambleísta de Alianza País y miembro de este organismo, Virgilio Hernández, se generaron procedimientos sancionatorios para estas autoridades de control.

Siete temas preocupan a empresarios

Otro sector que presentó observaciones al Código Monetario fue la Cámara de Industrias y Producción (CIP), que realizó siete observaciones a este proyecto.

La más relevante, según Richard Martínez, titular de la CIP, es que la norma no establece responsabilidades para los funcionarios de entes de control por sus actuaciones, esto fue acogido por la Comisión de Régimen Económico.

El Código, según el gremio, puede afectar a las actividades productivas que efectúan operaciones de crédito (ventas a crédito) en las que el apalancamiento es connatural a la actividad económica.

La CIP consideró que la orientación del crédito desde la Junta de Regulación puede generar riesgos innecesarios en el sistema financiero. Y sostuvo que el destino del crédito debe responder a los criterios de riesgo de la banca.

Además, recomendó incluir la transparencia de la información y que la moneda electrónica esté garantizada al 100% en dólares físicos.

Anotó que la reforma sobre las contribuciones pendientes del Estado con el IESS no debe afectar a la sostenibilidad del servicio de prestaciones asistenciales y recomendó eliminar los desincentivos a la inversión extranjera.

La ‘Súper’ de Bancos hizo 20 observaciones

En su comparecencia a la Comisión de Régimen Económico, el Superintendente de Bancos, Pedro Solines, calificó como positivo el Código Monetario, pero consideró que el articulado debe precisar 20 puntos, de los que 5 son claves.

El primero tiene que ver con la integración de la Junta. Para Solines, este ente debe estar integrado por los titulares de los ministerios, sin dar la posibilidad de que sus delegados asistan en su lugar.

Otro tema que observó fue el artículo 8, que prohíbe a los funcionarios de los entes de regulación prestar sus servicios en beneficio de entes bajo su control hasta después de dos años.

Según Solines, esta limitante no debe ser para todos sino solo para los altos directivos. La posibilidad de que el Banco Central imponga sanciones fue otro tema de preocupación. “La Constitución señala que las actividades de control y sanción le corresponde a la ‘Súper’ de Bancos”.

También recomendó que se pueda pedir información para la supervisión a los accionistas, administradores, etc. y no solo a las instituciones financieras como tal. Y consideró que el fuero de corte se debe ampliar para los titulares de los organismos de control de la economía popular y solidaria y el mercado de valores.

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