1 de julio de 2014 20:09

Tres temas del Código Monetario y Financiero preocupan a la banca

mario faustos / el comercio
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Mónica Orozco. Coordinadora

Un pequeño auditorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), en Guayaquil, fue testigo ayer del choque de visiones entre la banca privada y el Gobierno por el Código Monetario y Financiero.

La semana pasada, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Martínez, presentaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sus argumentos a favor de este proyecto.

En aquella ocasión, ambos funcionarios se refirieron al accionar de la banca privada con frases como: “Ya no van a jugar lotería con los recursos de los ecuatorianos” o “No podemos tener a Drácula cuidando el banco de sangre”.

Ayer fue el turno de la banca privada de presentar sus observaciones al proyecto en el organismo legislativo. “Rechazo total y absoluto al tratamiento ofensivo que han hecho de la banca los funcionarios del Gobierno aquí presentes”, señaló César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), al empezar su intervención.

Lo dijo dirigiéndose a Rivera y Martínez sentados en la primera fila del auditorio.

La frase dio inicio al momento más álgido de la comparecencia, que antes había recibido a representantes de la banca pública y al Superintendente de Bancos, Pedro Solines.

El tono enérgico de Robalino marcó su exposición, luego de la cual Rivera pidió la palabra y lo invitó a dialogar. Se negó y salió de la sala aduciendo que tenía una reunión, no sin antes rechazar el no haber sido invitado a la primera sesión de socialización del Código.

Tres temas en discusión

El debate reveló visiones distintas entre la banca y el Ejecutivo respecto de tres temas claves del proyecto. El primero tiene que ver con las amplias facultades de la Junta de Regulación Monetaria para regular el crédito y que Robalino las calificó de “poderosas”.

La intención, según Rivera, es dar incentivos para que los préstamos sean de más largo plazo y se destinen a actividades productivas. “Jamás vamos a decir préstele a esta persona o préstele a esta otra”.

Durante su exposición, Robalino dijo que el proyecto reduce la libertad de los banqueros para evaluar los riesgos al momento de dar créditos. “Mañana, los bancos privados tendrán que hacer lo que el poder público les diga en materia de crédito”. Y añadió que la banca tiene el 79% de sus recursos en depósitos a la vista (cuentas de ahorro) y a plazo (menos de un año). “Eso lo sabe el Gobierno y lo saben ustedes”, dijo dirigiéndose a los dos funcionarios económicos del Ejecutivo.

Según Robalino, si se pide que se coloquen estos recursos en créditos a largo plazo, la banca no tendría la liquidez para hacer frente, por ejemplo, a un retiro masivo de depósitos.
Rivera insistió que los créditos a corto plazo no impulsan el desarrollo productivo.

El segundo punto de discrepancia es otra función de la Junta: regular la liquidez de la economía y del sistema bancario.

Según Robalino, el artículo 122 de la norma, que trata sobre los excedentes de liquidez de la economía, deja abierta la puerta para que “el Gobierno de turno pudiera obligar a la banca privada a invertir en bonos que no son líquidos”. “Van a recircular la liquidez (de la banca) porque no tienen plata, es de gran preocupación de la banca porque afecta a un tema vertebral: la liquidez”.

El Ministro minimizó estas observaciones y señaló que la intención es manejar con “responsabilidad la plata de la gente. No vamos a permitir que la plata de la gente esté jugando en ruleta rusa”. Dijo que cuando el Estado tiene recursos ociosos la economía no crece. “Si el Estado tiene recursos que no está utilizando se puede usar los excedentes del sector público para canalizarlos a través del sector banca a crédito”.

El tercer tema que preocupa a la banca, según Robalino, es que el Código conduciría a una “cuasi estatización de la banca”, pues tendría que cumplir órdenes del Estado y, pese a ello, quienes responderían por esas decisiones serán los accionistas y administradores de la banca y no el Estado.

Para Rivera, el Código busca impedir salvatajes bancarios por parte del Estado como ocurrió en los noventa.

Hasta el domingo, la Comisión debe presentar el informe para el primer debate en el Pleno, el cual sería el martes próximo, según Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País.

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