25 de enero de 2016 00:00

74 mujeres fueron enjuiciadas por abortar los dos últimos años

El 15 de enero, Karla accedió a contar su historia luego de abortar. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

El 15 de enero, Karla accedió a contar su historia luego de abortar. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

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Diego Bravo y Marcel Bonilla

El recuerdo aún perturba a Karla. Tenía 20 años cuando descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. Su primer bebé apenas había cumplido un año y era de su relación anterior. Según la esmeraldeña, su segundo conviviente no quería apoyarla y por eso optó por abortar.

Las manos le tiemblan ahora, al revivir lo ocurrido, cerca de su lugar de trabajo, en el centro de Esmeraldas. Dos días después de tomar las pastillas, ella dice que acudió a la maternidad para un curetaje.

Era el mediodía del 14 de noviembre del 2013. Ahí estuvo hasta las 19:30. Luego -según recuerda- dos agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) ingresaron al centro asistencial y la detuvieron. En el expediente del caso consta que la mujer ya presentaba dos antecedentes de aborto, a los 17 y 18 años, por lo que el caso pasó a manos del fiscal de turno.

En el artículo 149 del Código Penal (COIP), aprobado desde el 10 agosto del 2014, se sanciona a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo provoque. También a quien lo practique en una mujer que ha consentido en ello con pena de uno a tres años de prisión.

Los médicos podrían ser implicados como coautores si no denuncian, sostiene el penalista Ramiro Román con base en el artículo 277 del COIP, que sanciona la omisión de denuncia.

Aunque Walter Moya, de la Maternidad Isidro Ayora, agrega que también hay una Ley de confidencialidad que protege al paciente. “Nosotros no podemos prestar una historia clínica si la paciente no da por escrito su autorización”. La pena para quienes incurren en el delito de aborto es de entre seis meses y dos años.

La Fiscalía ha registrado, desde el 2013 hasta el año pasado, 134 denuncias por esa infracción en el país. La mayor parte de casos en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, las más pobladas del Ecuador. Algunas, tras una indagación, terminan en prisión y otras no.

Según la Judicatura, en el 2014 hubo 26 causas ingresadas y en el 2015, en cambio, fueron 48. En total, 74 casos judicializados en dos años. El organismo indicó que la información del 2013 “está en análisis”. De ese total, la Defensoría del Pueblo atendió a 22 mujeres que fueron a prisión por aborto en el país desde la vigencia del Código Penal.

Según Karla, ella estuvo detenida durante un mes. Dice que en su primera noche en prisión se recostó en dos cartones que le cedió una de las cinco internas que estaban en la celda que le asignaron.

Tania, en cambio, tenía 24 semanas de gestación cuando llegó a un hospital público de Quito, con un aborto en proceso. Fue ingresada y recibió atención médica.

Estaba en su habitación cuando vio que una fiscal y una jueza llegaron a la casa de salud para indagarla. Por su estado de salud -según comentó- le dictaron prisión domiciliaria. En las declaraciones que dio y que constan en el expediente del caso, ella afirma que su esposo y madre habían fallecido un año antes, su nueva pareja la había abandonado y se encontraba en una situación económica y emocional difícil.

Sara, otra mujer que fue detenida, estaba en la semana 20 de embarazo cuando acudió a un hospital de Cuenca
con hemorragia.

Dos horas después de que le realizaron el legrado, ella dice que fue interrogada por policías en el centro asistencial y que la detuvieron.

En la audiencia fiscal le dictaron medidas sustitutivas; el juez dispuso que debía presentarse cada semana para constatar que se encontraba en el país, mientras seguía la investigación.
Pero cuando estaba prevista la audiencia de juzgamiento reconoce que no se presentó por temor. Ahora, una orden de captura pesa en su contra.

Los especialistas del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna) dan seguimiento a los casos y ayudan con asesoría psicológica. “Quienes llegan a los hospitales por sangrados son denunciadas y procesadas por aborto. Pero no siempre existen pruebas de la provocación de una interrupción voluntaria del embarazo, judicializándose muchos casos de abortos espontáneos”, dice Ana Cristina Vera, especialista de esa organización.

A Karla, la apoyó una defensora pública. Ella logró que la trasladaran de una cárcel común a una celda de contraventores. Al final del juicio, la defensa de Karla argumentó que la joven había sufrido una caída antes de ir al hospital en donde fue detenida, por lo que tomó pastillas que le causaron dolores. La mujer fue absuelta y liberada el 14 de diciembre del 2013. Luego su caso fue archivado, como consta en el expediente penal.

Amparo Medina, de la Red Vida y Familia Ecuador, una agrupación que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, cree que el aborto debe seguir siendo penalizado en el Ecuador.

Sin embargo, considera que se debe enfocar la sanción en los hombres que incitan a sus parejas a hacerlo y en quienes lo practican (profesionales de la salud). “En los casos que hemos seguido desde el 2006 hemos visto que las mujeres son víctimas”.

En contexto

El aborto no es punible en el país cuando se practica para evitar un peligro para la vida de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. También si el embarazo es por violación a una mujer con discapacidad mental.

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