16 de December de 2014 21:15

Militares retirados revisan cuerpo de protección

Actualmente, agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas son los encargados de la protección de las autoridades. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Actualmente, agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas son los encargados de la protección de las autoridades. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

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Javier Ortega

El segundo debate estaba previsto para noviembre del 2013, pero hasta ahora eso no se concreta. El proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana lleva 39 meses en la Asamblea sin un camino claro.

El documento, que marca cambios administrativos y operativos en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, se discutió en los últimos días entre la cúpula militar, oficiales retirados y el ministro de Defensa, Fernando Cordero.

El tercer libro del proyecto fue uno de los puntos que trataron en esa reunión. En ese capítulo se señala la creación del Servicio de Protección Público (SPP), un organismo civil, jerarquizado y armado que resguardará a las autoridades del Estado y extranjeras.

La “máxima autoridad” será el Presidente de la República. Actualmente, esas tareas de protección están en manos de la Policía y de las FF.AA.

El coronel en servicio pasivo (SP) Alberto Molina comenta que les preocupa el numeral 8 del artículo 170. Allí se indica que el SPP puede “solicitar el apoyo” de policías y militares cuando haya un alto riesgo para el protegido. En esos casos, esa unidad civil “será quien lidere las actuaciones”.

“Es inaudito. Quiere decir que las FF.AA. y la Policía se subordinarán al mando de un civil. Eso no sucede en ninguna parte del mundo”, cuestiona el exuniformado.

Desde enero del 2012, la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, donde reposa el proyecto, inició la socialización del documento. Ese trabajo concluyó en abril del año pasado. Asambleístas, el Fiscal General del Estado, expertos en seguridad, ministros y organizaciones sociales dieron sus puntos de vista sobre el cuerpo legal.

¿Por qué el proyecto permanece más de tres años en el Parlamento sin lograr mayores resultados? ¿No hay consensos entre los legisladores?

El asambleísta Diego Salgado (Creo) es parte de la Comisión que analiza ese documento. Él considera que por ahora “no se encuentra la vía legal para incluir el proyecto del cuarto libro”. Esto, porque ese cuerpo legal fue propuesto “luego de haber debatido los otros tres libros”, en julio del 2013.

En esa propuesta se habla de homologar y fortalecer cuatro entes de seguridad, que actualmente ya están operativos: la Unidad de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Tránsito del Ecuador, de guías penitenciarios y la Guardia Forestal.

El presidente Rafael Correa anuncio que estos cuerpos se formarán con los miembros actuales de las Fuerzas Armadas que lo decidan voluntariamente. En total, se espera contar con 13 433 agentes que formen parte de estas entidades. Todas ellas serán de carácter civil y podrán estar armadas. Actualmente, ya hay 5 523 funcionarios que trabajan en estas tareas.

En el cuarto libro se pretende homologar los sueldos de estos cuerpos con los que perciben las FF.AA. y la Policía. “Eso es un absurdo. No tiene la misma responsabilidad ni entrenamiento un piloto de la FAE que un guardabosques”, sostiene el legislador Salgado.

Por este tema, el Alto Mando militar incluso emitió un mensaje institucional a través de la red social de YouTube.

Esas situaciones explicarían -dice el legislador- el retraso en los tiempos. Ayer, la Comisión analizaba el cuarto libro.

La situación del Issfa
En la reunión que mantuvo el ministro Cordero con militares retirados también se discutió la situación del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Según los exuniformados, el Secretario de Estado ratificó lo que ya anunció el Primer Mandatario en meses pasados: el Issfa no desaparecerá e incluso se fortalecerá y se mantendrá su autonomía económica.

En la confederación de militares en servicio pasivo ven con buenos ojos la reunión, un evento que no se concretó durante la gestión de María Fernanda Espinosa.

En contexto
La propuesta para crear el Servicio de Protección Pública destinado a funcionarios lleva 39 meses en la Asamblea y en estos días los militares retirados lo trataron con el ministro de Defensa, Fernando Cordero. La iniciativa pasó el primer debate en julio del 2013.

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