9 de enero de 2016 00:00

Ley de Tierras da mayor peso al Ministerio de Agricultura

Esta será la última sesión del Pleno de la Asamblea, convocada para las 09:00. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Tierras el pasado 7 de enero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Paúl Zamora

En la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales aprobada el jueves (7 de enero) por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Agricultura tendrá mayor presencia. Esta instancia, dentro de la ley, se conoce como la Autoridad Agraria Nacional.

Tendrá como tareas la coordinación y regulación de las política públicas en materia de tierras rurales en relación con la producción agropecuaria.

La norma, que fue aprobada por el oficialismo, tiene como propósito garantizar la Soberanía alimentaria (solo en el caso de Quito se necesitan 2 500 toneladas diarias de alimento). Además, según proyecciones para el 2015, habrá unos 23 millones de ecuatorianos.

Para hacer frente a este crecimiento de la población, se propone reactivar las tierras productivas que están siendo desaprovechadas. ¿Cómo lograrlo? La Autoridad Agraria Nacional deberá establecer cuáles terrenos productivos no cumplen con la función social (producción) y ambiental.

Previo a un proceso técnico, se podrán expropiar dichas tierras que pasarán a un Fondo Nacional. Esta tierra, a su vez, será redistribuida entre los campesinos que deseen trabajar la tierra y que ya poseyeren una de mala calidad o no la tuvieren.

Esta fórmula, es considerada la médula de la normativa y que tendrá a la Autoridad Agraria, es decir el Gobierno a través de su Ministerio, como único protagonista en la cadena de identificación, expropiación y redistribución de tierras mal aprovechadas.

Uno de los puntos que generó debate fue la posibilidad de establecer con claridad la extensión de tierra que podrían ser consideradas como latifundio. La Conaie, bajo el discurso de prohibir la concentración de terrenos, propuso establecer techos a su tenencia y que el Estado nacionalice los terrenos que tuvieran más de 300 hectáreas en la Amazonía, 200 en la Costa y 50 en la Sierra.

El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, explicó que fue complejo establecer un número para los latifundios. Su explicación es que en una zona de alta productividad como Cayambe, 50 hectáreas es bastante, pero 1 000 hectáreas en el páramo no es nada.

Finalmente, la ley establece que será la Autoridad Agraria la que determinará si existe o no latifundio, de acuerdo con la zonificación productiva del país, a la infraestructura disponible, al tipo de cultivo o actividad agraria.

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, sostiene que se desperdició una oportunidad valiosa para evitar la concentración de tierras en el Ecuador. Explica que eso no es posible sin que se establezca los límites para el latifundio: “la tierra seguirá concentrada en pocas manos”.

Otro argumento que posee para hablar de la “utopía de la redistribución” se basa en los datos de la Comisión: más del 98% de las propiedades en el Ecuador son menores a 50 hectáreas.
Las propiedades grandes, entre 5 000 y 10 000 hectáreas, se encuentran en los páramos de la Sierra, sobre los 3 500 msnm.
Otras atribuciones de esta Autoridad será que puede determinar si existen invasiones y emitir órdenes de desalojo así como resolver los conflictos relacionados con la tierra en todo el Ecuador.

Estas múltiples atribuciones que tendrá la Autoridad generan dudas entre actores políticos y sociales. Para Jorge Herrera, presidente de la Conaie, la norma no responde a la deuda agraria que tiene el Estado y existe una concentración en las atribuciones de ese organismo. Como respuesta convocarán en el campo a las cumbres agrarias para debatir el modelo en el país y afinar los procesos de resistencia. “Nos declaramos en desobediencia civil, desconocemos la normativa”.

La Conaie propuso como alternativa a la Autoridad Agraria un Consejo Plurinacional conformado por campesinos, indígenas, cámaras, Gobiernos Autónomos Descentralizados y sectores afines. Guartambel insiste en que las atribuciones de la Autoridad Agraria son infinitas y eso se puede prestar para chantajes políticos a las comunidades o económicos a los sectores productivos.

El presidente de la Mesa de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal insiste en que la norma fue socializada. “Es técnica y no es discrecional”.

Proaño aclaró que la Autoridad Agraria es el equivalente al Ministerio de Agricultura; la nueva normativa le otorgan atribuciones en los ámbitos de titulación; resolución de conflictos y en el tema de la expropiación y redistribución.

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