6 de December de 2009 00:00

En Ecuador, la ley se discute bajo la presión del Presidente

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Carlos Rojas Araujo. Editor (e) Política

La libertad de expresión y el derecho a ejercer el periodismo en Ecuador cambiarán el primer trimestre de 2010. Hasta febrero próximo, la Asamblea Nacional deberá aprobar una ley de Comunicación que, en las últimas semanas, ha despertado preocupación en la prensa independiente.

Desde que el presidente Rafael Correa adquirió liderazgo nacional, su discurso de confrontación incluyó a los medios de comunicación. Correa ha insistido en que el nuevo Ecuador requiere de un esquema de regulación y control de la comunicación  para superar lo que él define como los excesos de “una prensa mediocre”, “corrupta” o “malintencionada”.

La Presidencia de la República ha incumplido  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde 2004. Allí se obliga a emitir un informe anual sobre las solicitudes que reciben las instituciones públicas y las que manejan fondos estatales para dar información.

Durante la promulgación de la actual Carta Política en 2008, estas convicciones se volvieron Mandato. El artículo 19  de la Carta Magna, y su disposición transitoria primera, piden una ley que regule a la prensa.

El futuro documento, en consecuencia, se ha convertido en uno de los más polémicos de los últimos tiempos, por el alcance de sus posibles controles  y  por la forma en la que fue  constituido.

A inicios de septiembre, la Asamblea recibió tres propuestas de ley.  Dos de ellas, la presentada por el denominado Foro de Comunicación y la que patrocinó el ex presentador de televisión y actual asambleísta del oficialismo, Rolando Panchana, ponían severas cortapisas al trabajo periodístico. Por ejemplo, este legislador proponía  que cuando un medio de comunicación y una persona investigada entren en una demanda legal por una publicación, no se podrá difundir ninguna nota o reportaje a futuro sobre el tema en cuestión, mientras el caso no tenga sentencia.

Elementos como este despertaron la alerta de los medios . Varios de ellos, como EL COMERCIO, iniciaron  campañas ciudadanas para alertar sobre los peligros que pudiera causar en la sociedad una ley mordaza. La preocupación aumentó porque el presidente Correa ha radicalizado su enfrentamiento contra los medios y periodistas críticos.

Entre tanto, la Asamblea Nacional creó una comisión especial para analizar estos proyectos de ley y crear un nuevo documento, base del debate legislativo.

El sábado 21 de noviembre se entregó el proyecto, apoyado por los legisladores afines al Gobierno. Los asambleístas de oposición abandonaron las deliberaciones.

La presión de la opinión pública logró que el nuevo proyecto tenga menos restricciones contra la prensa de las que inicialmente se habían establecido.
Pese a ello, los alcances de la futura ley son de pronóstico reservado. Primero, porque el Presidente, tras la aprobación de la ley, podrá objetarla pidiendo más o menos restricciones .

En segundo lugar, porque el control estará a cargo de un Consejo integrado por seis vocales. Dos de ellos serán delegados directos del Poder Ejecutivo. Los otros tres representan a la ciudadanía,  designados por el Consejo de Participación Ciudadana que, dado el escaso nivel de institucionalidad que vive el país, no garantizan  una total independencia . El sexto vocal representará a las escuelas  de comunicación social.

Este Consejo tendría la potestad de aplicar sanciones administrativas  contra periodistas y medios,  van desde amonestaciones escritas hasta  retiro definitivo de la licencia de funcionamiento, también se habla   multas económicas.

Los medios   quedarían sometidos a plazos  cortos (48 horas después de las notificaciones) para presentar pruebas de descargo dentro de los procesos de rectificación y réplica, so pena de ser sancionados por el Consejo. Esta entidad  busca crear un registro de medios para  funcionar.

El proyecto   obliga a los medios a contratar comunicadores  profesionales para la elaboración de noticias y la dirección editorial, descuidando, dejando de lado el  periodismo especializado.

Estas razones forman parte de las observaciones que la  Unesco hizo esta semana al proyecto legal.

Tensa relación con los medios

La posición del presidente Rafael Correa frente a los medios puede leerse desde cuatro escenarios. El primero tiene que ver con su permanente discurso descalificador en contra de la prensa independiente. Los sábados, en su cadena nacional, Correa   cuestiona a los medios privados con duras frases y amenazas.

En un segundo escenario, Correa lleva ese enfrentamiento al plano legal. El canal quiteño Teleamazonas afronta varios procesos que el Gobierno ha seguido de oficio. Otra característica del actual Gobierno es el hermetismo. Correa y sus colaboradores son renuentes a entregar información oficial e impedir el trabajo de la prensa de indagar.

Finalmente, está la estrategia del Gobierno de  tener un grupo de medios estatales (Ecuador TV, Radio Pública y diario El Telégrafo) que, unidos a los  embargados en julio de 2008 para ser administrados por la AGD, facilitan  al Presidente una amplia tarima.

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