9 de junio de 2014 20:10

Galo Lara, detenido en Panamá, busca el estatus de refugiado

Dos policías panameños escoltan a Lara hasta las oficinas de la Interpol. Foto: AFP

Dos policías panameños escoltan a Lara hasta las oficinas de la Interpol. Foto: AFP

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Sara Ortiz.  Redactora 
ortizs@elcomercio.com

Sin el estatus de asilado en el territorio panameño, el exasambleísta Galo Lara se quedó sin la garantía para no ser detenido y retornado a Ecuador.

Sin embargo, esta no era su única herramienta legal para evitar cumplir la sentencia de 10 años de cárcel que le impuso la Corte Nacional de Justicia, en el 2013, al hallarlo cómplice de un triple crimen en el 2011.

Ayer, luego de su arresto en la provincia de Veraguas, en el norte de esa nación, la defensa del expolítico busca acelerar su solicitud de refugio.

“La Oficina Nacional para los Refugiados (en Panamá) debe establecer que en efecto la vida del exasambleísta corre peligro en Ecuador”, dijo José Nelson Brandao, abogado de Lara en Panamá, en una entrevista telefónica con este Diario.

Detalló que por la tarde fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial de Ancón, en la ciudad capital y que hasta ayer no pudo hablar con él.

Para el canciller Ricardo Patiño no existe tal peligro. Dijo que no se trata de un perseguido político, sino que su sentencia se enmarca en un proceso penal común: un asesinato.

Con esos argumentos, el Canciller detalló que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya pidió la extradición y deportación de Lara. Dos caminos legales que “esperamos en el menor tiempo sean atendidas”.

Para Brandao la extradición no es posible. “Ecuador ya la solicitó y le fue negada. Según las leyes internacionales, un Estado no puede volver (a tramitar) sobre la misma extradición, de la misma persona y por el mismo hecho”.

La deportación, una acción administrativa que se aplica cuando un extranjero se encuentra de forma irregular en el país de acogida, sería el camino a seguir. El fiscal Galo Chiriboga aseguró ayer que Lara fue detenido con el fin de ser deportado.

En mayo pasado, cuando Panamá retiró el amparo de asilo territorial, tras alegar que para ese Gobierno no existe una persecución política en su contra, el exlegislador por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), podía ser detenido en cualquier momento.


Según Brandao, si es deportado, Lara debería ser enviado al último país en el que estuvo antes de llegar al país centroamericano, es decir a Colombia.

Aún así, la defensa de Lara Yépez cree que esta no será posible porque -aseguró el abogado- el ecuatoriano cuenta con un carné que le acredita como solicitante de refugio.

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 establece que un solicitante de refugio o un refugiado tienen derecho a no ser devueltos a su país.

Un refugiado, según el Estatuto, es una persona que huye de su país de origen a causa de persecución por motivos de guerra, ideología y política y cruza una frontera internacional esperando encontrar protección y una vida de paz.

Brandao detalló que hace dos semanas Lara inició el trámite de refugio. El argumento que usó fue que teme por su vida.

“La presencia de militares, de funcionarios de Estado (en Panamá), que solicitan la detención de un supuesto delincuente común, resulta inusual y sospechoso”, aseguró.

De acuerdo con protocolos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el trámite en Panamá inicia en la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados. Allí se resuelve si se da trámite o no al pedido.

Luego, la solicitud debe pasar a una segunda instancia. Es decir, esta debe ser presentada en la Comisión Nacional para la Protección para Refugiados que es la encargada de otorgar el estatus de refugiado.

Según Brandao, Lara en esta semana tiene ya una entrevista con la Comisión Nacional para la Protección para Refugiado.
Allí presentará una prueba documental de la persecución que asegura ser una víctima.

El abogado -detalla- entregarán informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en los que su canciller, Fernando Núñez Fábrega, afirma que el Gobierno del Ecuador habría vinculado el caso de la embarcación Doria, hallada con droga, con sus pedidos de extradición del político.

Su pedido de refugio es uno más de las 789 solicitudes que según la Acnur, tenía ese país hasta diciembre del 2013.

Sobre el pedido de refugio, Ernesto Pazmiño, defensor del pueblo, cree que este no frenaría su retorno obligado.

“Ningún pedido que haga el exasambleísta podrá evitar la extradición”, aseguró. Pazmino explica que esto se debe a que el ecuatoriano siguió todo el proceso penal, en tres instancias, y agotó sus recursos jurídicos. “Utilizó todos los caminos legales y las garantías del debido proceso”.

Tras conocer de la detención mediante una llamada telefónica, a las 04:00, Patiño dijo que felicitó a la Corte y la Fiscalía.

La Cronología

En el 2007

Fue electo asambleísta por la provincia de Los Ríos y luego de la reforma de la Constitución, en 2008, fue reelegido como legislador hasta el 2013.

El 4 de agosto del 2011

Tres miembros de una familia fueron asesinados en el recinto El Balserío del cantón Quinsaloma. Según la Fiscalía, el crimen lo organizó la pareja de Lara.

24 de julio del 2012

El juez Merck Benavides, de la Corte Nacional de Justicia, prohibió que el político salga del país mientras se investigaba el asesinato.

22 de diciembre del 2012

El Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia instaló la audiencia de juicio. Lara fue absuelto y su pareja declarada culpable.

2 de septiembre del 2013

La Corte Nacional lo declaró cómplice en un triple asesinato y lo sentenció a 10 años de cárcel. Luego, el ecuatoriano viajó a Colombia y Panamá.

22 de octubre del 2013

Panamá concedió el asilo territorial a Lara. El argumento de ese Gobierno fue que se trataba de un perseguido político. En mayo pasado, lo revocó.

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