6 de julio de 2014 20:24

Enmiendas constitucionales afectan a cinco sectores

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Redacción Política 
politica@elcomercio.com (I)

Al menos cinco sectores sociales se verían afectados con las enmiendas que Alianza País presentó a la Corte Constitucional (CC). Más allá de que la reelección indefinida es la prioritaria en el debate jurídico-político, los alcances de estas enmiendas nacen en un momento en que el panorama no luce tan favorable al oficialismo como antes.

Según la presidenta de la Función Legislativa, Gabriela Rivadeneira, luego de uno de los talleres del oficialismo, este paquete de enmiendas no está pensado para favorecer a nadie, sino en beneficio de todos los ecuatorianos.

Sin embargo, desde algunas organizaciones sociales, gobiernos autónomos descentralizados, sindicatos, medios de comunicación y legisladores de oposición en su tareas fiscalizadora, perciben una afectación en su razón de ser.

A la espera del dictamen de la CC, cuyo plazo vence después de 45 días laborables, que se cumplirá el 28 de agosto, estos sectores que se sienten afectados son aquellos que incomodan al Gobierno. Por ello, el paquete de enmiendas aparece en un escenario postelectoral, cuando desde Alianza País se alertó sobre una restauración conservadora con el resultado no muy favorable en las urnas, el 23 de febrero pasado.

Restringir competencias a los GAD y a la Contraloría, que los obreros estatales dejen de ser cobijados por el Código del Trabajo, la comunicación como servicio y menos protección a las organizaciones sociales son base de estas propuestas de enmiendas.

Las ONG tendrían menos protección

La primera enmienda que impulsa el oficialismo es un cambio en el artículo 88, que se refiere a la acción de protección. Esta figura sirve para precautelar ante cualquier atentado a los derechos y se presenta ante cualquier juez de primer nivel. Grupos sociales como asociaciones y fundaciones han hecho uso de esta garantía. No siempre la Justicia ha determinado la violación de los derechos en todos los casos.

La idea de esta enmienda es frenar el abuso que algunos abogados hacen de la acción de protección, según el oficialista Mauro Andino. Por ello, el texto dice que: “La Ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por tanto pueda ser inadmitida”.

Daniela Salazar, de la Universidad San Francisco, considera que este cambio no está dirigido solo a grupos y asociaciones, sino que afecta a cualquier persona que quiera demandar al Estado. “La forma en la que está redactada es absolutamente amplia y es muy peligrosa porque no sabemos a qué está

Los GAD, sin las mismas funciones

Las elecciones seccionales no dieron los resultados esperados por el oficialismo. Por ello, las modificaciones a los artículos 104, 264 y eliminar el plazo para la regionalización del país, se orientan hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

La posibilidad de que los GAD no puedan convocar a una consulta sino con temas de su exclusiva competencia y la reducción de las competencias son, para Fabricio Villamar, exconcejal de Quito, “una forma del Gobierno para blindarse” y que “no solo importa quién construye, sino quién se toma la foto y corta la cinta”.

Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Daniel Avecilla, “hay que manejarlo bien porque mañana se va a prestar cualquier opositor para hacer consulta por todo”.

En cuanto a la regionalización, Gustavo Baroja, presidente del Congope, propuso eliminar el plazo porque se restarían competencias a los organismos provinciales.

Trabajadores se quedan sin Código

Las enmiendas que dejan fuera de la protección del Código del Trabajo a obreros y trabajadores del sector público apuntan a aquellos que están en sectores estratégicos, sostiene el especialista en temas sindicales y profesor de la Universidad Andina, Édison Paredes.

“Esto puede dar pie a concesionar e incluso privatizar veladamente sin ningún tipo de resistencia. Con ello se cumpliría con ese viejo anhelo que siempre tuvo enfrente la oposición de los sindicatos”, sostiene Paredes. Y es en los sectores estratégicos, como petróleo, energía, telecomunicaciones por donde va el camino del cambio de la Matriz Productiva que se impulsa.

El tema es tan delicado que hasta el copresidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, dirigida por Rodrigo Collahuazo, asambleísta alterno de Alianza País, dijo que al interior de la organización están de acuerdo con todas las enmiendas, pero que aún se analizan las implicaciones que tendría la enmienda a los obreros del sector estatal.

Más regulaciones para los medios

Convertir a la comunicación en un servicio público sería un “contrasentido”, según César Montúfar, uno de los principales opositores a esta Ley cuando fue legislador del período legislativo 2009-2013.

La Ley de Comunicación restringió la libertad de expresión y se convirtió en un riesgo, en especial para los medios independientes, porque el Estado, con la potestad que tiene sobre los servicios, considerará cómo va a dotar y proveer la comunicación, añade Montúfar.

Christian Oquendo Sánchez explica que en tiempos de la Revolución del Siglo XXI la comunicación se ha convertido en el territorio a ser dominado. La idea de convertir a la comunicación en “servicio público” es la más reciente fase en el proyecto por controlar la producción y construcción de significados, lo que, en otras palabras, equivale a controlar cómo pensamos todos, pues nuestras ideas están intermediadas por las informaciones que recibimos de radio, prensa, TV e Internet, sostiene este especialista en medios.

La oposición fiscalizará menos

Uno de los cambios propuestos en el paquete de enmienda alcanza a la Contraloría, entidad que en adelante solo podrá vigilar y controlar el buen uso de los recursos y bienes públicos, pero ya no la consecución de los objetivos de las instituciones.

El legislador de Creo, Andrés Páez, considera que uno de los efectos reflejo que tendrá esta medida será disminuir la capacidad fiscalizadora de los grupos de oposición que recurren a la información de la Contraloría para sus investigaciones. “Si bien el primer gran obstáculo que tenemos es que la Fiscalía se guarda todos los informes de la Contraloría y que la Comisión de la Asamblea no gestiona nada, ahora tenemos un obstáculo adicional”.

La asambleísta de AP, Mary Verduga, señala que este cambio se hace porque hay otras entidades como la Senplades o el Consejo de Participación Ciudadana encargadas de evaluar el nivel de gestión de una entidad determinada. Por lo que la Contraloría debe enfocarse en el tema del uso de los recursos.

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