7 de julio de 2014 19:51

La Corte Constitucional acumula casos sin resolución

FOTOS: ARCHIVO / EL COMERCIO
Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 20
Triste 2
Indiferente 1
Sorprendido 2
Contento 1
Estefanía Celi R. Redactora

politica@elcomercio.com

La Corte Constitucional (CC) tiene en su poder la propuesta de Alianza País para realizar 17 enmiendas a la Carta Política. Pero desde antes de que este texto apareciera, cientos de causas aguardan su resolución en esa instancia, con largos plazos de espera para que su trámite avance.


En el momento, la Corte no ha hecho público ningún avance sobre el trámite, que fue ingresado el 26 de junio pasado. Ese día, el presidente encargado de la CC, Manuel Viteri, se comprometió a trabajar lo más rápido posible.

El plazo que otorga la Ley es de 45 días, pero el oficialismo solicitó que el trámite se haga lo más pronto para poder tratar hasta agosto el tema en primer debate en el Pleno, según la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.

En este calendario tentativo que maneja el oficialismo, es necesario que la Corte apruebe todos los textos como enmienda. Mientras, sectores de la oposición insisten en que los 17 cambios en la Constitución se consulten a la ciudadanía, aunque no tienen mayor esperanza de que la CC falle en contra de la propuesta del partido de Gobierno.

El principal antecedente es el fallo de la Corte de transición en el 2011, cuando aprobó con cambios mínimos las 10 preguntas que el presidente Rafael Correa planteó para cambiar la Constitución a través de una consulta popular.

Más de un año y medio después de la posesión de los jueces constitucionales luego de la transición, se mantienen las dudas por su falta de independencia del Poder Ejecutivo, sobre todo por la agilidad con la que han actuado los nueve magistrados en casos de interés para el Gobierno, frente a otros procesos represados.

Demandas que llegan desde el Gobierno se resuelven en meses, como la inconstitucionalidad del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que el Presidente pueda vetar normas interpretativas, o la acción extraordinaria de protección que dio de baja una sentencia a favor de la empresa OCP, por supuesta subcapitalización.

Esta última sentencia incluso dio paso a la destitución de dos jueces de la sala Contencioso Tributaria de la Corte Nacional, José Suing y Gustavo Durango, por error inexcusable.

Del otro lado, las causas ciudadanas tardan años. Entre noviembre del 2012 (cuando inició labores) y septiembre del
2013, ingresaron 7 190 casos.

De ellos, el 32% no se había resuelto a esa fecha (ver gráfico).
Entre las causas represadas, están las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Comunicación y contra el Decreto 16. Ambos procesos llevan cerca de un año de trámite, sin que la CC haya resuelto sobre las peticiones.

El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, justifica la tardanza. En declaraciones del pasado 19 de junio, señaló que hay varios “problemas procesales” que derivan en la tardanza para resolver algunas causas.

“Los casos se han represado, hay excusas y recusaciones de jueces, hay problemas en los sorteos. Son problemas de administración y gestión, también hay casos en los que no se llega a acuerdos (entre los jueces) y no hay votos suficientes”.

Pero esta tardanza vulneraría el proceso de celeridad en la justicia, que permite la garantía de los derechos constitucionales, a criterio de Enrique Herrería, demandante de la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. Argumenta que la tardanza de la CC en la resolución ha permitido excesos en su aplicación.

“El mejor ejemplo del doble estándar de la Corte lo vemos cuando el magistrado (Manuel Viteri) que recibió la petición de enmienda dijo que se iba a resolver con toda la celeridad. Esa celeridad está solo para las acciones presentadas por la gente de Gobierno”, señala.

La Ecuarunari tiene más de cinco causas sin resolución. La más antigua, sobre justicia indígena, se inició el 2009, según el titular de esa organización, Carlos Pérez Guartambel.

Él agrega que el espíritu garantista que la Constitución le otorga a la CC se ve vulnerado cuando esta protege más al Estado que a los ciudadanos. “La Corte se ha convertido en una instancia obsecuente al Régimen, es casi una secretaría del Ejecutivo”, dice.

Ante estos cuestionamientos, este Diario ha solicitado cinco veces, desde el 18 de junio, un entrevista con Pazmiño. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras tanto, el trámite de las propuestas de enmienda continúa a puerta cerrada en la Corte. El plazo de 45 días que tiene para pronunciarse vence en agosto, lo que le da al oficialismo el tiempo justo para que la enmienda que se refiere a la reelección presidencial entre en vigencia y Correa pueda candidatizarse nuevamente.

Cifras

1941 Días lleva sin resolución el caso La Cocha, para resolver
un conflicto de justicia ­indígena en Cotopaxi.​

82 Días tardó la Corte en resolver el pedido del Ejecutivo para que pueda objetar normas interpretativas.

308 Días de trámite tiene la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Comuni­cación, sin sentencia.

34 Días le tomó a la CC resolver que Yasunidos debía recoger las firmas primero y luego presentar la pregunta.

334 Días sin audiencia lleva la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 16, interpuesta por Ecuarunari.

83 Días duró el trámite para dar de baja una sentencia que no dio la razón al SRI sobre la empresa OCP.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)