La invocación al derecho a la resistencia que propuso el exvicepresidente Alberto Dahik por el uso del dinero electrónico no puede aplicarse, porque el uso de esta moneda virtual es voluntario, según expertos en Derecho Constitucional.
Dahik cuestionó la noche del pasado miércoles 25 de mayo del 2016, durante un foro organizado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), de Guayaquil, este método de pago que promociona el Gobierno. Para el exvicepresidente, resulta sospechoso que el Gobierno “que está en soletas en su parte fiscal” pueda regalar IVA. Esto, en relación al descuento de cuatro puntos porcentuales del IVA que desde el 1 de junio próximo aplicará para las transacciones que se realicen con dinero electrónico.
El descuento consta en la Ley de Solidaridad en vigencia desde mayo del 2016. Allí, Dahik se preguntó “¿por qué (el Gobierno) regala IVA, solo porque le produce placer que lo usemos, o porque va a ganar?”, dijo, en referencia a que los usuarios del dinero electrónico deben abrir una cuenta en el Banco Central.
En ese sentido, Dahik pidió ejercer el derecho a la resistencia civil. “No al dinero electrónico, para que podamos precautelar nuestra dolarización”.
Para el experto en Derecho Constitucional y activista ciudadano Héctor Yépez, desde el punto de vista constitucional, al no ser obligatorio el uso del dinero electrónico, no hay nada a qué resistirse. “La ciudadanía si no quiere utilizar el dinero electrónico, simplemente no lo usa”.
Recordó que el derecho a la resistencia civil es un Derecho Humano garantizado en la Constitución por el cual todo ser humano se puede resistir a actos del poder público que sean abusivos o atentatorios contra derechos fundamentales. “En la esencia misma de todo ser humano está implícito el derecho a la resistencia. Si el Estado mediante una ley inconstitucional pretende vulnerar ese derecho siempre hay el derecho a resistir. El artículo 98 de la Constitución de Montecristi señala que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicos no estatales, que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales…”
La Constitución también hace referencia al derecho que asiste a los actores políticos. En el artículo 111 dice que se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de Gobierno.
Para Yépez, el derecho a la resistencia no es un derecho a ejercer la violencia. En el caso de la Ley de Solidaridad, que impone una serie de medidas, entre ellas una contribución sobre el 3% de las utilidades generadas en 2015, el experto señaló que al tratarse de un impuesto retroactivo, resulta inconstitucional, “lo que está expresamente prohibido en la Constitución, porque la ley siempre debe ser anterior al hecho que genera el impuesto”
El exvicepresidente León Roldós, quien también participó en el foro de la UEES del pasado miércoles 25, consideró otra vía para rechazar la Ley de Solidaridad. “Esta ley, por ética, por principios, debemos impugnarla en la Corte Constitucional, porque rompe todos los principios de decencia jurídica”.
En un reciente artículo, la máster en Derecho Constitucional Alba Guevara, profesora de la Universidad Internacional del Ecuador, explicó que, considerando el reconocimiento en la Constitución, los ecuatorianos no solo están facultados a oponerse a actos ilegales, “sino también a aquellos actos normados, que siendo legales y provenientes de autoridad competente, atenten de manera arbitraria contra el conglomerado social”.
Una propuesta para la recuperación económica
Dahik esbozó durante el foro organizado por la UEES su propuesta para la recuperación económica del país.
Tras un análisis sobre la situación actual de la economía ecuatoriana y una advertencia sobre lo que consideró un “manoseo” de las cifras económicas presentadas el Informe a la Nación del 24 de mayo, Dahik desmenuzó su propuesta para salir de la crisis de una “economía que está asfixiada”.
El exvicepresidente propuso, para empezar ese proceso, que se duplique la cuota que Ecuador aporta como país miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI) como una acción para que el Gobierno pueda acceder a un crédito mucho mayor que le permita obtener, según sus cálculos, un préstamo a largo plazo de hasta USD 12 000 millones con intereses beneficiosos. “Esa circunstancia nos permite una reestructuración financiera” que resultará tener un programa multianual “para que la confianza se recupere”. Con ello, agregó, se entra nuevamente a los mercados internacionales.
Aquellos recursos permitirían a Ecuador cancelar la deuda con China -actualmente el mayor acreedor del país-, y no tener que renegociarla. “Hay que volver a recuperar la soberanía sobre nuestro petróleo”.
La propuesta de Dahik también implica que las reservas de la banca y los encajes ya no estén depositados en el Banco Central, una medida que generará “un gran cambio de la reingeniería financiera”.
Sobre las reformas fiscales necesarias para esa recuperación económica, el exvicepresidente consideró urgente, entre otras medidas, la eliminación del 5% a la salida de capitales, la supresión “de las trabas burocráticas” que ahora hacen que ser empresario “sea una tortura”. En ese mismo contexto estimó necesaria la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta.
En cuanto a las políticas para potencializar al sector externo, Dahik expresó que urge tumbar todas las salvaguardas y cupos a las importaciones. Al respecto, insistió en su propuesta anterior, lanzada en julio del 2015, de una figura de importaciones basada en un timbre cambiario.
Otro componente de la propuesta de Dahik para reactivar la economía se relaciona con lo que llamó una reestructuración interna, para reducir el gasto público. ¿Son necesarios 50 ministerios?, cuestionó. Bajo ese mismo esquema recomendó una flexibilización laboral, y pidió que se considere, por ejemplo, aumentar la jornada de trabajo con el mismo salario, “hasta reducir el costo laboral”.
Dahik también fue crítico con los subsidios, sobre los que dijo se requiere una focalización aunque aquello implique un gran costo político.