Quito, AFP
Ecuador defendió este lunes la legalidad de sus acciones frente a la petrolera franco-británica Perenco, que abandonó las operaciones en el país por un litigio tributario, y negó que haya expropiado los campos de donde la empresa extraía 21 000 barriles diarios.
“Ha habido una información en todo sentido, apegada al derecho y a la ley”, dijo el canciller Fander Falconí al ser consultado por la AFP sobre el caso.
Más temprano, Francia había advertido que las inversiones francesas en Ecuador podrían disminuir, a causa del diferendo con la petrolera, según el portavoz adjunto de la cancillería Frédéric Desagneaux.
Por su parte, Falconí recordó que el ministro de Petróleos, Germánico Pinto, “informó oportunamente” cuál iba a ser la decisión del gobierno ecuatoriano.
El miércoles pasado Pinto había tachado de ilegal la suspensión de las operaciones por parte de Perenco, y anticipado posibles acciones legales.
“El Estado se reserva todos los derechos para iniciar las acciones legales correspondientes frente a posibles perjuicios al país como producto de esta decisión ilegal, unilateral y arbitraria”, indicó.
Los 342 empleados ecuatorianos de Perenco se negaron el jueves a acatar una orden de la compañía de paralizar las operaciones ante el embargo de su producción desde marzo, por lo que fueron despedidos.
La empresa fue acusada de incumplir una deuda de al menos 327 millones de dólares en impuestos, derivados de una polémica repartición de ganancias extraordinarias, según las autoridades.
El gerente de la estatal Petroamazonas, Wilson Pástor, señaló que Perenco abandonó la operación, con lo que pretende romper el contrato de manera unilateral.
“Desvirtúo radicalmente las afirmaciones (…) de que nos hemos tomado los campos y expropiado a Perenco”, manifestó Pástor mientras Petroamazonas ofrece ayuda técnica y económica para evitar que una caída de la producción de los pozos de Perenco.