18 de July de 2009 00:00

Ecuador, débil y vulnerable

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Francisco Carrión Mena

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Está claro que el Estado ecuatoriano es obeso e ineficiente y que ello se refleja en la  incapacidad de gestionar adecuadamente y con eficiencia las responsabilidades que le asigna la Constitución de garantizar los derechos ciudadanos, de regulación, de producción, de defensa, de seguridad, de justicia, de legislación, etc.

La proliferación de comisiones especiales, de veedurías ciudadanas, de observatorios ad hoc, en fin, para controlar, vigilar e investigar que se ha dado en los últimos años es una muestra concreta y patética de la debilidad del Estado y la profundidad de la desinstitucionalización en que se encuentra nuestro país para cumplir con esas tareas.

Constatamos ya sin asombrarnos cómo se crea una comisión para analizar la legitimidad de la deuda externa, una comisión para investigar los acontecimientos de Angostura, otra para vigilar la legalidad de los contratos firmados por el hermano del Presidente de la República, una comisión para investigar la violación de los derechos humanos en los últimos 25 años, entre otras, todo por fuera de las instituciones que el Estado y sobre todo la flamante Constitución de Montecristi disponen.

Se constituyen, por lo demás, veedurías para diversos temas: para la transparencia de las elecciones, para la designación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en fin. Todo porque no solamente da la impresión de que hay amarres y componendas sino porque se ha comprobado que en algunos casos han existido irregularidades y que solo desde la ciudadanía no involucrada con el Estado se pueden evitar.

Si hubiera respeto y confianza en las instituciones estatales -y me refiero a todos los organismos de control, a las funciones legislativa que debe también fiscalizar y jurisdiccional que imparte justicia por definición, a la Fiscalía, a la Procuraduría-, no habría sido necesario crear estas instancias que no responden a una sociedad soberana y organizada.

Si la justicia no hubiera sido manoseada por intereses políticos y carcomida por la corrupción en las últimas décadas nos evitaríamos tener que acudir a ‘comisiones de investigación’ para muchos casos, buena parte de ellos penales, que han tenido un efecto pernicioso en la política y en la economía del Ecuador.

Si la Función Electoral no hubiera dado muestras de ineficiencia y opacidad, no requeriríamos incluso de veedores no solamente nacionales sino internacionales, a cuya presencia ya estamos acostumbrados a pesar de que a momentos parece una intromisión externa en asuntos que solo nos competen a nosotros.

Hay que consolidar y prestigiar las instituciones si queremos tener un Estado justo, eficiente y equitativo y para ello hay que empezar por fortalecer la democracia.

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