7 de febrero de 2018 09:01

Ecuador cuestiona el pedido de la CIDH de medidas provisionales tras consulta

Cuatro, de los siete miembros, del Consejo de Participación Ciudadana acudieron la mañana de este martes 6 de febrero del 2018 a una reunión del Pleno. Foto: API

La Comisión consideró que la consulta del domingo "no contó con control constitucional previo" y apuntó que solo la Asamblea Nacional a través de un "enjuiciamiento político" puede cesar a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo periodo va hasta 2020. Foto: API

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Agencia EFE

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El Gobierno de Ecuador cuestionó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana afectados por la consulta del domingo, 4 de febrero del 2018.

En un comunicado emitido a medianoche, la Cancillería señala que el Gobierno "reitera la plena legalidad y legitimidad" del referéndum y consulta popular celebrada el pasado domingo, en la que el pueblo expresó "de forma abrumadoramente mayoritaria" su respaldo a las propuestas planteadas.

Dichas propuestas, apunta, nacieron "del amplio diálogo sostenido por el presidente Lenín Moreno con diversos actores de la sociedad ecuatoriana".

Al mismo tiempo, el Gobierno "rechaza el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales" de la CIDH que, "a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial" del Estado, se ha pronunciado a través de un boletín de prensa "que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático nacional".

En el comunicado, la Cancillería destaca que hasta el momento no existe ninguna medida adoptada por la CorteIDH sino "únicamente una solicitud" por parte de la CIDH "que aún se encuentra en análisis", apunta.


"El Gobierno de Ecuador defenderá su posición ante la CorteIDH con la total certeza de que ha actuado en estricto apego a la Constitución y a las leyes", finaliza la Cancillería en el escrito.

En la pregunta 3 -de siete-, el Gobierno de Moreno propuso una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargada de elegir a las autoridades de control del país andino.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,84 % escrutado, los ecuatorianos apoyaron con un 63,08 % de votos favorables la propuesta de Moreno en la pregunta 3.

"De implementarse el resultado del referendo (...) se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir", apuntó en un comunicado la CIDH.

Por ello, pidió a la CorteIDH unas medidas provisionales con las que "ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del CPCCS y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho".

"Incluyendo -añadió- los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos".

La Comisión consideró que la consulta del domingo "no contó con control constitucional previo" y apuntó que solo la Asamblea Nacional a través de un "enjuiciamiento político" puede cesar a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo periodo va hasta 2020.

Tras esperar varios días el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las preguntas de la consulta y referéndum, Moreno convocó en noviembre del 2017 al proceso por decreto.

El expresidente Rafael Correa no acepta la interpretación legal que le dio su sucesor al silencio de la Corte Constitucional.

La ley establece que si la Corte no se pronuncia tras 20 días, se entiende "que ha emitido un dictámen favorable", argumentó Moreno al emitir el decreto, 58 días después, para que se convocara la consulta.

En su petición ante la CorteIDH, la CIDH consideró que la situación planteada "podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención (Americana de Derechos Humanos) para el otorgamiento de medidas provisionales".

De su lado, la Asamblea Nacional avanza en el proceso para crear una comisión encargada de ejecutar las reformas emanadas del proceso electoral.

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