10 de junio de 2014 21:02

Comisión ratifica tesis del golpe sobre el 30-S

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Redacción Política

Tras un año de investigaciones y recopilación de información, la Comisión del Ejecutivo que investigó la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 presentó ayer su informe final, que ratifica la tesis del Gobierno de un intento de golpe de Estado.

El documento, que se compone de tres capítulos, asegura en la primera conclusión que el 30-S fue “un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”.

A casi cuatro años de la revuelta policial, el tema vuelve a la palestra luego de que los comisionados Carlos Baca, Óscar Bonilla y Diego Guzmán hicieran público el informe, después de haberlo entregado al presidente Rafael Correa el 4 de junio pasado.

El documento revela que hay evidencia de que habría habido reuniones de planificación y organización días antes de la revuelta policial y determina hay más de 50 responsables, aunque no señala los nombres ni sus cargos. Sin embargo, sí señala a organizaciones sindicales como parte de quienes llamaron a la toma del Palacio Legislativo, y también a sectores como el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) como participantes activos.

Entre las conclusiones también se señala que Mery Zamora, cuya inocencia fue ratificada por la Corte Nacional de Justicia, tuvo una participación directa en la revuelta, así como otros “líderes” de oposición.


La planificación del supuesto golpe de Estado se habría realizado en reuniones en Quito, según la Comisión, y habrían participado policías y militares en servicio activo y pasivo.
Los comisionados además señalan que los medios de comunicación crearon un “factor detonante” durante la rebelión, y que muchos fueron alertados de la revuelta con anterioridad.

Además, el informe califica como un “error estratégico” el haber dejado que la Policía y su Dirección de Inteligencia investiguen los hechos, cuando los mismos uniformados podían estar involucrados en los hechos. “Se pretendió levantar un manto de impunidad, en el que participaron uniformados”, señalaron.

Con la presentación de su informe, esta Comisión del Ejecutivo termina su trabajo. Originalmente, el plazo establecido por Correa les daba hasta diciembre, pero se amplió seis meses más.
Baca, Bonilla y Guzmán entregarán el próximo lunes una copia de esta investigación a la Fiscalía el lunes, para que se profundicen las investigaciones del caso, pues señalan que muchos policías desviaron las indagaciones realizadas por esa entidad.

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