Hasta el domingo de esta semana la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea deberá entregar el informe para primer debate del proyecto de Código Monetario y Financiero, dijo el vicepresidente de esta comisión legislativa, Galo Borja. Sin embargo, el asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, señaló que se espera entregarlo hasta el sábado y, con ello, iniciar el debate del proyecto en el Pleno el martes de la próxima semana.
Las declaraciones las efectuaron en el marco de las comparecencias que se celebraron la mañana de este martes 1 de julio del 2014 en uno de los auditorios de la Corporación Financiera Nacional (CFN), en Guayaquil.
La norma, con el carácter económico urgente, fue remitido por el Ejecutivo el pasado 25 de junio y la Asamblea dispone de 30 días para su análisis.
En el documento, que deroga 31 leyes y las condensa en un solo cuerpo, se establece la regulación a las actividades financieras. Y, además, reorganiza el sistema financiero público. En este sentido, se establece el fin del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), apenas entre en vigencia el Código, y del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), que se transformará en una nueva entidad que lo determinará el Ejecutivo por decreto.
Todo esto será supervigilado por una Junta de Regulación que estará conformada por cinco miembros del Ejecutivo.
La Comisión de lo Económico recibió al Superintendente de Bancos y Seguros (SBS), Pedro Solines, representantes de la banca pública y de la privada quienes expusieron sus observaciones al proyecto legal.
Solines calificó al proyecto como positivo, pero cree el articulado debe precisar, entre otros puntos, que la Junta debe estar integrada por los ministros, pero sin dar la posibilidad de que asistan sus delegados como establece hoy el proyecto. Otra observación fue que debe aclararse las funciones de control de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros.
Pero el momento más álgido del debate se vivió durante la presentación de las observaciones de César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
El titular del gremio consideró que la norma conduciría a una “cuasi estatización” de la banca porque reduce la capacidad de los banqueros para evaluar los riesgos. Esto porque la norma otorga amplios poderes a la Junta para “direccionar” el crédito y, en su criterio, deja abierta la posibilidad de invertir incluso en deuda pública las reservas de liquidez de la banca privada.
El ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, quien también asistió a la comparecencia dijo que la Junta no busca direccionar el crédito, sino “orientarlo”, a través de incentivos, para que se destine a otros segmentos como el productivo.