6 de febrero de 2018 00:00

Tres casos de revocatoria de alcaldes en el Austro

En Sevilla de Oro y Chordeleg, el proceso no prosperó; en Loja se recogen las firmas. En la foto, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja; Aurelio Rubio, alcalde de Sevilla de Oro; Jorge Coello,  alcalde  de Chordeleg. Fotos: Archivo y cortesía del Gobiern

En Sevilla de Oro y Chordeleg, el proceso no prosperó; en Loja se recogen las firmas. En la foto, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja; Aurelio Rubio, alcalde de Sevilla de Oro; Jorge Coello, alcalde de Chordeleg. Fotos: Archivo y cortesía del Gobierno Provincial de Azuay

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Lineida Castillo

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El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, enfrenta un proceso de revocatoria de mandato en su último año de administración municipal. En septiembre del 2017, Segundo Armijos, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Loja, hizo este pedido a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La causa fue una supuesta arbitrariedad en la implementación de las fotomultas. Este sistema rige desde el 2015, para controlar el exceso de velocidad en Loja. De acuerdo con el proceso judicial que se tramitó por las fotomultas, Castillo emitió las resoluciones 108, 110, 113 y 028 (rangos de velocidad, imposición de normas diferentes a Ley de Tránsito) sin consultar al Concejo Cantonal.

Por eso, el 8 de diciembre, el Tribunal Contencioso Electoral –en última instancia– resolvió que Castillo contravino disposiciones constitucionales y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que están relacionadas con la arrogación de funciones.

Con esa decisión, el Tribunal ordenó a la delegación provincial que entregase los formularios para la recolección de las firmas. Este proceso empezó el 29 de diciembre, con la impresión de 10 000 copias.

Colectivos y agrupaciones recogen firmas en contra del Alcalde de Loja. Foto: Agencia API

Colectivos y agrupaciones recogen firmas en contra del Alcalde de Loja. Foto: Agencia API

La normativa establece que el gremio de los taxistas tiene 150 días para entregar 23 486 firmas de respaldo, que representan el 12,5% del padrón electoral del cantón Loja. Según Armijos, entregarán cerca de 80 000, en 45 días.

El pedido de revocatoria está respaldado por colectivos que colaboran en la recolección de las firmas. De lunes a viernes, hay puntos fijos en el centro de Loja: junto a la Gobernación, plaza de Santo Domingo y en la esquina de las calles Bolívar y José Antonio Eguiguren.

Los fines de semana se ubican en el mercado Gran Colombia y en las parroquias rurales. Cada brigada está compuesta de dos voluntarios, según Armijos. Juana Jaramillo respalda la propuesta, porque “las fotomultas perjudicaron a cientos de conductores”.

Al Burgomaestre no le preo­cupa el tema, porque también hay personas que apoyan su administración y eso se evidenció el 12 de enero, en una marcha de respaldo que se cumplió en el centro de la ciudad. Allí participaron delegaciones de barrios, mercados, transportistas y otros sectores.

Castillo dijo que toda persona puede pedir la revocatoria, “porque somos autoridades de libre remoción... Si el CNE recibe las firmas, dará el trámite y en las urnas sabremos qué piensa la gente”.

Él agregó que seis meses antes, el Contencioso Electoral descartó la revocatoria, pero la reactivó sin otorgarle el derecho a la defensa. “Las organizaciones barriales y gremiales se alarmaron y convocaron a una marcha que tuvo más de 15 000 personas. Estoy agradecido”.

Una vez que se entregue la documentación, el CNE tendrá 15 días más para revisar las rúbricas. De allí, 60 días para convocar a la consulta popular. Para Armijos, aunque el proceso acabe unos días antes del fin del período, “será lapidario para Castillo y sentará
un precedente”.

José Pesántez, asesor jurídico de la Delegación del CNE en Azuay, dijo que la mayoría de trámites no prospera porque se entrega documentación incompleta o hay omisiones por parte de los peticionarios. Eso ocurrió en Sevilla de Oro y en Chordeleg (Azuay).

En este último caso, Marco Barros inició en el 2017 un proceso en contra del alcalde Jorge Coello, por aprobar el aumento del avalúo catastral. El CNE no aceptó por falta de documentación y luego el Alcalde se retractó del incremento.

En Sevilla de Oro, en cambio, el Concejo Cantonal removió del cargo al alcalde Aurelio Rubio, por una deuda de USD 143 049 al Servicio de Rentas Internas. Eso ocurrió en noviembre pasado. La Ley Orgánica de Servicio Público fija que los funcionarios públicos no pueden adeudar al Estado.

La propuesta de remoción fue presentada por un grupo de ciudadanos al Concejo ­Cantonal. Además, se reclamó por el incumplimiento en el plan de trabajo.

El vicealcalde Patricio Amaya convocó a la sesión de Concejo que separó a Rubio y elevó la decisión al Tribunal Contencioso Electoral. Pero esa institución dejó sin efecto la remoción, porque los procedimientos no se apegaron a la Ley.

Según Rubio, el SRI no tenía registrado un abono que hizo por USD 23 000. Además, está por firmar un plan de pago.

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