11 de enero de 2016 13:51

El brazalete electrónico podría usarse en casos de arresto domiciliario y de violencia intrafamiliar

En la rueda de prensa participaron la ministra de Justicia, Lady Zúñiga; el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Foto: Evelyn Jácome/El Comercio

En la rueda de prensa participaron la ministra de Justicia, Lady Zúñiga; el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Foto: Evelyn Jácome/El Comercio

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Evelyn Jácome

Empezó la fase piloto del uso del brazalete como alternativa a la prisión para aquellas personas que están siendo procesadas o han sido sentenciadas por un delito. De enero a marzo, entre 100 y 500 personas usarán el dispositivo electrónico, pero se calcula que, posteriormente, unas 6 000 personas privadas de la libertad, podrían utilizarlo.

Así lo indicó este lunes 11 de enero del 2016, Ledy Zuñiga, ministra de Justicia. Hasta el momento se tenía conocimiento de que el brazalete podría usarse para aquellas personas que incumplieron con el pago de las pensiones alimenticias. Pero hay más casos.

El dispositivo incluso podría ser usado como medida de protección. Por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar se colocaría un tobillero al agresor y otro a la víctima, de modo que en el sistema de monitoreo se pueda detectar si se irrespeta la distancia dispuesta. En ese caso, se emite una alerta indicando que la víctima podría ser vulnerada. Además, podría servir como medida sustitutiva a la prisión preventiva.

Zúñiga indicó que el dispositivo podría ser usado en el caso de arrestos domiciliarios para adultos mayores, o cuando un procesado padece determinada enfermedad que requiera un tratamiento especial, que le impida estar en prisión. De esta medida también podrían beneficiar aquellos sentenciados que ya hayan cumplido entre el 60 y el 80% de su pena.

Sin embargo, la Ministra aclaró que parte de la población penitenciaria, por su grado de peligrosidad, jamás podrá usar estos dispositivos. La fase de pilotaje servirá para verificar el funcionamiento de los dispositivos, que a su vez, estarán anclados al Sistema ECU- 911.

Zúñiga aclaró, también, algunos detalles sobre del uso del brazalete en los casos por demandas alimenticias. Señaló que existen 180 000 demandas por juicios de alimentos. De ellas, más del 50% se han solucionado por acuerdo entre las partes. Del restante, menos del 1% se encuentra con medida de apremio.
Según la funcionaria, la medida es efectiva en el 70% de los detenidos por esta causa. No obstante, el 30 % es reincidente, es decir entran y salen de prisión, sin cumplir el derecho del menor de ser alimentado.

En esos casos, la persona pierde su trabajo y no cumple con el pago. Por ello se analizan dos alternativas. La primera es el uso del dispositivo electrónico, pero en los casos en los que se determine un alto nivel de reincidencia, el Estado podría asumir la deuda a cambio de que la persona se comprometa y cumpla una jornada laboral con el Estado.

Para Ernesto Pazmiño, defensor Público General , el uso del brazalete traerá tres grandes beneficios. El primero, descongestionará las cárceles, generará una nueva cultura para que no exista un uso excesivo de la prisión preventiva y que se modernice el uso de las medidas cautelares.

Según Pazmino, el ahorro del Estado será significativo tomando en cuenta que para mantener, por ejemplo, con prisión domiciliaria a una persona, se necesita de al menos USD 15 diario, mientras que el uso del brazalete generará un costo diario de entre USD 5 o USD 6.

La Ministra de Justicia señaló que una vez que se instalen los dispositivos, los policías que antes se encargaban de mantener resguardo para casos de prisión domiciliaria, podrán ser devueltos a las ciudad para que ayuden al control de la seguridad.

Pazmiño recomienda, además, que el dispositivo se use para delitos menores, cuya pena no superen los cinco años, además en el caso de tráfico de droga en menor escala.

Zuñiga finalizó señalando que el uso del brazalete busca una reinserción de la persona. Hay delitos en los que un procesado podría acceder a un plan de vida sin que sea privado de su libertad sino que se permita su movimiento, pero se lo limite a través de una ' geo cerca'. Así, por ejemplo, se podría garantizar que el detenido vaya de la casa al trabajo y viceversa durante el tiempo que dure la medida, apuntó.

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