10 de febrero de 2017 00:00

Ecuador tiene 12 arbitrajes abiertos en el exterior

Petroamazonas asumió el bloque 21, a cargo de Perenco y Burlington, en el 2009. Foto: archivo / EL COMERCIO

Petroamazonas asumió el bloque 21, a cargo de Perenco y Burlington, en el 2009. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Mónica Orozco
y Sebastián Angulo
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Desde el 2004, el Estado ecuatoriano ha enfrentado 29 litigios internacionales y 12 de ellos todavía están activos.

De los que concluyeron, 11 se desecharon o archivaron luego de acuerdos entre las partes. Como parte de esos acuerdos, el Estado pagó USD 128,5 millones en indemnizaciones.

El Estado perdió seis procesos, aunque pagó compensaciones por un valor menor al que pretendían esas empresas internacionales. Esas firmas buscaban indemnizaciones por USD 5 944 millones y el Estado pagó una quinta parte de ese monto.

De esos casos, el más importante fue Occidental II, por el cual el Estado canceló el año pasado USD 1 062,7 millones.

El país fue condenado por “incumplir su obligación de conceder un trato justo y equitativo a la inversión de Occidental”, al declarar la caducidad del contrato con la petrolera, el 15 de mayo del 2006.

Las áreas revertidas a Oxy están entre las más productivas del país. Generan el 20% de la producción de la petrolera estatal Petroamazonas.

Estos litigios internacionales se fundamentan en los convenios bilaterales de inversión firmados por Ecuador desde la década de los 80, especialmente con Estados Unidos. Establecen la posibilidad de que cualquier inversionista que se sienta afectado en sus intereses pueda acudir a tribunales internacionales.

De los casos que están activos, los más sensibles son Chevron III, Ecuador TLC, Consorcio Arch Trading, Perenco y Burlington. Por estos y otros procesos de menor cuantía están en juego aún unos USD 3 866 millones.

El monto no incluye las pretensiones de Chevron, que busca que Ecuador asuma el pago de los 9 000 millones que la Corte de Sucumbíos fijó como reparación por todos los daños causados a los habitantes amazónicos y al ambiente por la explotación petrolera.

Otras disputas se relacionan con la Ley 42, con la cual cambiaron las reglas de juego en materia de distribución de beneficios petroleros. Esta norma estableció un impuesto a los ingresos extraordinarios por el alza del precio del crudo.

Compañías como Perenco y Burlington se negaron a pagar ese impuesto porque consideraron que el Estado violó los tratados de inversiones. Argumentaron que la ley afectaba su contrato de operación al cambiar las condiciones y obligarlas a renegociar.

El caso se complicó en julio del 2009, cuando el Gobierno quiso embargar la producción de los bloques 7 y 21 para cobrar USD 327 millones, como deuda acumulada de la Ley 42.

Tanto Perenco como Burlington abandonaron los bloques y continuaron con sus demandas. La operación de esos bloques fue asumida por el Estado. Ambas áreas representan actualmente el 13% de la producción total de la petrolera estatal Petroamazonas.

Un tribunal arbitral resolvió el miércoles de esta semana que Ecuador pague a Burlington USD 379 millones más intereses como compensación. La Procuraduría anunció que pedirá la nulidad, por lo que el proceso aún no concluye.

Para el exministro de Energía, Fernando Santos, el impuesto a las ganancias extraordinarias fue confiscatorio y las compañías demandaron “con justa razón”. El daño para el Estado, dijo, no solo es económico, ya que le quitó prestigio a la hora de hacer negocios.

Este Diario solicitó ayer una entrevista con el procurador Diego García, pero no hubo respuesta hasta el cierre de la edición. Pero el organismo ha defendido que gracias a la gestión de sus abogados, el Estado se ha ahorrado pagos millonarios en indemnizaciones.

El consultor en temas energéticos Luis Calero sostuvo que el Estado, al asumir un campo petrolero, se hace del 100% de la producción, un porcentaje superior al que tenía cuando operaba la contratista. Por ello, considera que el Estado obtuvo mayores ingresos luego de tomar los campos petroleros.

Sin embargo, considera que el análisis del impacto de estos procesos no debe limitarse solo a lo cuantitativo, sino que comprende también un balance cualitativo.

“Está en juego el prestigio y la soberanía del Estado, así como la seguridad jurídica del país. La pregunta es si se crearon o no las mejores condiciones para la inversión extranjera”, dijo el experto.

En contexto

El alto número de arbitrajes motivó a que se incluya en la Constitución del 2008 una cláusula que prohíbe la firma de tratados que incluyan a arbitrajes internacionales, aunque se aceptan los mecanismos alternativos de solución de controversias en la región.

Correción

En la nota publicada el 10 de febrero pasado, titulada ‘Ecuador tiene 12 arbitrajes abiertos en el exterior’, se cometió un error. Se escribió que entre los litigios abiertos en contra del país está Chevron II. Lo correcto es Chevron III. También se debe aclarar que la Procuraduría General del Estado proporcionó información sobre los casos que están en litigio y los finalizados, aunque no se pudo concretar la entrevista con el procurador Diego García porque el funcionario no estaba en Quito. Se ofreció una entrevista para la próxima semana sobre el tema. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores.

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