9 de mayo de 2017 13:48

Estado ecuatoriano insiste en la nulidad de laudos en el caso Chevron

La disputa entre Chevron y el Estado se da desde el 2009 por el supuesto daño ambiental de la firma en la Amazonia. archivo / el comercio

Ecuador y la empresa petrolera Chevron mantienen un litigio internacional, en el Tribunal Arbitral de La Haya, por una causa medioambiental. Foto: Imagen referencial Archivo/ EL COMERCIO

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Adriana Bucheli
Redactora (I)

Este 9 de mayo del 2017 está previsto que el procurador Diego García Carrión, junto con su equipo de defensa asistan a La Haya a la audiencia de apelación dentro de la acción de nulidad que el Estado ecuatoriano planteó contra los laudos interinos y el laudo de jurisdicción emitidos por parte del Tribunal Arbitral que conoce el arbitraje conocido como Chevron III.

Esta acción de anulación, se presentó el 7 de enero de 2014, y busca que se deje sin efecto los laudos de jurisdicción, con el que el Tribunal arbitral se declaró competente para conocer la demanda de Chevron Texaco y los correspondientes a las medidas provisionales con los que se pretendía que Ecuador evite la ejecución de una sentencia emitida dentro del Juicio de Lago Agrio, que condenó a Chevron-Texaco por la contaminación ocasionada durante sus operaciones en la Amazonía.

De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría, García aseguró que los argumentos que respaldan el pedido de anulación de los laudos son claros, y que la única decisión que debería proceder es la anulación solicitada.

Entre los argumentos del Procurador está que “la supuesta inversión de Texaco” culminó cinco años antes de que entre en vigencia el Tratado de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos.

Además, los laudos provisionales iban en contra del “Derecho ecuatoriano y en desmedro de los derechos de los actores de Lago Agrio, sin que estos tengan la oportunidad de ser escuchados en el arbitraje”.

Las compañías Chevron-Texaco iniciaron el arbitraje en contra del Estado ecuatoriano del 23 de septiembre de 2009, con base en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.

A través de este procedimiento la petrolera norteamericana pretende que el Ecuador se haga responsable de las consecuencias de la sentencia dictada en su contra en la Corte del Lago Agrio por unos USD 9 000 millones, para lo cual ha alegado la existencia de una supuesta denegación de justicia.

Dentro del arbitraje se han dictado tres laudos interinos sobre medidas provisionales, uno sobre admisibilidad y jurisdicción, y dos parciales sobre responsabilidad.ente para juzgarlo.

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