El crimen de un taxista, el 20 de mayo en Manabí, es un revés. Puso en entredicho la utilidad disuasiva de las cámaras de seguridad instaladas en los taxis, exacerbó el miedo, sembró desconfianza.
El video del hecho debía ser administrado por los responsables de la justicia, pero terminó colgado en las redes sociales antes de que se procesara penalmente al hombre investigado por el delito: un policía. ¿Cómo se filtran las imágenes del ECU-911?
El impacto tiene secuelas en la Policía, que degradó y llevó a prisión al sospechoso. Además, esta semana dio de baja a 322 agentes (en el 2013 separó a otros 206).
En una fuerza de 42 632 personas representan un porcentaje bajo, pero es grave que haya uniformados que cometan crímenes. Al menos el Estudio de la Conducta Policial, difundido este mes por la Inspectoría General de la Policía, da cuenta de ello.
El año pasado, 524 agentes incurrieron en delitos. Entre ellos hay 31 policías sospechosos de asesinatos (10 en Manabí, ocho en Guayas, etc.).
No son cifras aisladas. La misma Inspectoría reportó a Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, que entre el 2005 y julio del 2010 la Policía conoció de 104 crímenes ejecutados por uniformados (un promedio de 20 por año).
El entonces relator cuestionó la impunidad de otros crímenes, que la Policía dejaba de investigar al atribuirlos a ‘ajustes de cuentas’.
Por ello, Alston recomendó al Gobierno de Ecuador crear un organismo independiente para investigar de manera ágil y creíble la participación de policías en homicidios.
El Estudio de Conducta Policial mira otra urgencia: incorporar 17 000 agentes para lograr la media que recomienda la ONU de 350 agentes por cada 100 000 habitantes.
Mejorar los procesos de admisión atenuaría la recurrencia de casos que luego merezcan nuevas purgas.
Como diría Alston, la era de una Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin.