3 de julio de 2014 20:15

El Ejecutivo sigue ‘in situ’ análisis del Código Monetario y Financiero

Los asambleístas Virgilio Hernández (der.) y Ramiro Aguilar (izq.) discutieron varios de los artículos del documento. Foto: Jenny Navarro / EL COMERCIO

Los asambleístas Virgilio Hernández (der.) y Ramiro Aguilar (izq.) discutieron varios de los artículos del documento. Foto: Jenny Navarro / EL COMERCIO

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Mónica Orozco. Coordinadora

Un guayaquileño de 36 años, Gustavo Solórzano, quien se desempeña como subgerente (e) del Banco Central (BCE), lidera el equipo que elaboró el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero que se debate en la Asamblea.

El equipo está conformado, además de este doctor en Economía, por dos funcionarios del BCE: el director General Bancario, Patricio Chanabá, y la asesora de esa entidad, Doris Salazar, mientras que del Ministerio Coordinador de la Política Económica están los asesores jurídico-financieros Mauricio Garcés, Luis Benalcázar y Álvaro Troya.

Con computador en mano y ubicados en uno de los extremos de la mesa principal de la sala de sesiones de la Comisión de lo Económico siguen atentos cada punto del debate del proyecto remitido por el Ejecutivo el pasado 25 de junio.

Ante cualquier inquietud de los asambleístas, el equipo no duda en intervenir con explicaciones sobre el porqué de tal o cual artículo e, incluso, de poner ejemplos si es necesario.

Para algunas inquietudes, los funcionarios se reúnen, se hablan al oído, intercambian ideas y luego responden.

Esta fue la tónica del debate al interior de la Comisión, que desde el miércoles pasado suspendió las comparecencias de los actores involucrados y se declaró en sesión permanente para redactar el informe para primer debate, que se espera para el martes próximo.

El Colegio de Economistas de Pichincha, que solicitó audiencia para presentar sus observaciones, se quedó fuera por falta de tiempo, reconoció el presidente de la Comisión, Oswaldo Larriva.
En cerca de 10 horas que llevaba la sesión permanente, la Comisión discutió 260 de los 516 artículos que componen el Código. Pero si bien los temas se debaten, hasta el cierre de la edición ninguno se modificó.

En medio del intenso debate, cerca del mediodía, una asistente de la Comisión entró a la sala con un pastel para festejar el cumpleaños de Larriva, quien se dio unos minutos para soplar las velas.

Sobre el acelerado tratamiento del proyecto, el asambleísta dijo que no se revisan todos los artículos sino solo los que han generado más controversia. El resto son normas que ya existen y, por lo tanto, se condensan en un solo cuerpo legal.


Hasta ahora cuatro temas copan el debate de los asambleístas. El primero tiene que ver con una función clave de la Junta de Regulación Monetaria: la regulación de la reserva de liquidez de la economía.

Según el asambleísta (ex- SUMA) Ramiro Aguilar, esta facultad permite a esta Junta manejar los excesos de liquidez del sistema financiero. “Esto significa tomar la plata del sector privado e invertirla en el sector público. Un Estado que esta líquido puede meter la plata de los privados para sus propias inversiones”.

El segundo es la facultad de la Junta para “orientación del crédito”. La intención, según el Gobierno, es dar incentivos para que los préstamos sean de más largo plazo y se destinen a actividades productivas.

Pero la Asociación de Bancos Privados señaló que eso reduce la libertad de los banqueros para evaluar los riesgos a la hora de dar créditos. “Mañana, los bancos privados tendrán que hacer lo que el poder público les diga en materia de crédito”.

El tercer tema es la responsabilidad de los miembros de la Junta de Regulación. El artículo 152 del proyecto dice que la regulación y el control de los sistemas financieros privados y públicos no trasladará al Estado la responsabilidad de la solvencia de las entidades.

La banca había señalado que el sector tendría que cumplir órdenes del Estado y, pese a ello, quienes responderían serán los accionistas y administradores de la banca.

El último tema tiene que ver con la regulación al banco de los afiliados (Biess). La norma establece cambios para que el Ejecutivo tenga una presencia mayoritaria (tres de cinco miembros) en el Directorio que dirige las políticas de inversión de la entidad.

El sector de jubilados expresó su preocupación por el tema al señalar que esto podrían en riesgo la autonomía del banco.
La mayoría oficialista señaló estar dispuesta a revisar estos artículos, aunque el asambleísta Larriva no aseguró que se vaya a modificar el texto.

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