6 de julio de 2014 20:49

Las juntas de agua tienen más controles

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Lineida Castillo. Redactora (I)

Los alcances del Decreto Ejecutivo 310 expedido el 17 de abril se desconocen en la mayoría de las 390 juntas de agua de consumo humano y de riego de la provincia de Azuay.

Esa disposición reorganiza la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) y crea la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Empresa Pública del Agua.

Según Mauricio Arévalo, coordinador zonal 6 de la Senagua, el ARCA hará seguimiento y control de las obligaciones que tienen los sujetos o entidades que poseen derechos del líquido. También vigilará que tengan un banco de división de caudales, organización, calidad del servicio y que reforesten las fuentes de agua.

En cambio, la nueva empresa pública administrará los seis proyectos multipropósitos que están en ejecución en el país y 11 en estudios. Además elaborará la metodología y reglamento de las tarifas para la autorización del servicio.

En el país hay 15 000 juntas de agua de uso humano y de riego. Arévalo aclaró que estas organizaciones comunitarias son autónomas y que la empresa pública no intervendrá. “Cada organización establece las tarifas de acuerdo con su capacidad, socios… Solo podemos dar asesoramiento”.

Sin embargo, hay preocupaciones de las entidades comunitarias. En el sistema de Baños que tiene 6 000 socios, por ejemplo, por la tarifa básica de hasta 15 metros cúbicos se cobra USD 1,70 al mes.


Digna Sigua, de 30 años, recuerda que sus abuelos trabajaron abriendo zanjas para traer el agua desde el río Minas, afluente del Yanuncay.

Según el jefe Financiero de ese proyecto, Diego Idrovo, las tarifas se incrementan cada cuatro años considerando la operatividad del sistema, los gastos administrativos, la ampliación de redes, el crecimiento poblacional y el número de socios. Cada mes recaudan USD 40 000.

Para Idrovo, el ARCA debe controlar que las juntas de agua cumplan con sus obligaciones para mejorar el servicio. El sistema se construyó en 1970. La planta potabilizadora procesa 74 litros por segundo.

También tiene laboratorios que miden la calidad del líquido y los socios realizan mingas de reforestación de las cuencas hídricas dos veces al año.

Pero Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, señala que el Decreto 310 cambió la estructura de la autoridad única del agua (Senagua) sin consulta previa. Y “eso de acuerdo con los derechos colectivos garantizados en la Constitución está viciado de nulidad”.

Le preocupa que se deje sin participación a las comunidades gestoras del agua, porque no integrarán estos nuevos organismos. Pérez insiste en que el documento habla de que la empresa pública fijará las tarifas para todos los administradores de los sistemas de agua.


Ángel Rodas, de 52 años, es socio por más de 20 años de la Junta de Tarqui-Victoria del Portete, en el sur de Cuenca.
Este sistema de agua de consumo humano tiene más de 40 años de servicio, 1 800 usuarios y es administrado por la comuna. Captan el líquido del río Irquis, en Quimsacocha.

Rodas es parte del 99% de usuarios que cancela la tarifa básica de USD 2 l al mes por el servicio (hasta 15 metros cúbicos). En el resto están los usuarios solidarios (tercera edad e instituciones públicas) que pagan USD 1 y los especiales (fábricas, empresas…) USD 6, por los 15 metros cúbicos.

Rodas considera que el Estado no debe involucrarse en el manejo de su sistema ni en la fijación de las tarifas. Su argumento es que el precio es bajo porque se valora el esfuerzo de los campesinos. “Los habitantes de la zona rural no tienen un ingreso mensual fijo y brindan su aporte en las mingas para hacer mejoras”.

Johana Villa es la recaudadora del sistema de Tarqui-Victoria del Portete. Según ella, una asamblea comunitaria establece el monto de pago de agua de acuerdo con los parámetros técnicos, administrativos y de servicio.

Ella al igual que los administradores como Mariana Peralta, del proyecto Corralpamba, lamenta que no hubo socialización y que es urgente que se conozcan los alcances de este nuevo Decreto..

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