El procurador Diego García informó que Ecuador y la empresa Burlington llegaron a un acuerdo sobre la demanda por las concesiones de los campos petroleros. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
El procurador General del Estado del Ecuador, Diego García Carrión, anunció hoy, 4 de diciembre del 2017, que el Estado ecuatoriano y la compañía Burlington alcanzaron un acuerdo total y definitivo a la disputa que mantenían las partes desde hace ya casi una década.
La petrolera Burlington presentó el 21 de abril del 2008 una demanda arbitral contra el Estado ecuatoriano por la aplicación de la Ley 42/2008 que estableció un nuevo reparto de las rentas provenientes del incremento extraordinario del precio del petróleo. Para la firma, la Ley violaba la estabilidad de su contrato petrolero y se negó a pagar las obligaciones derivadas de la norma.
Según el Gobierno, la compañía abandonó en julio del 2009 la operación de los bloques 7 y 21, a cargo del Consorcio conformado por las compañías petroleras Perenco y Burlington. Este abandono condujo, según el Estado, a la terminación de los contratos de participación en el año 2010, a través de la sanción de caducidad.
En el arbitraje, Burlington solicitó una indemnización de aproximadamente USD 1 500 millones más intereses.
El 7 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral emitió un laudo final en el que descontó en aproximadamente un 78% el valor del reclamo original de la compañía y se estableció una compensación a favor de Burlington por un valor de
USD 379 802 267 más intereses.
Además, el Tribunal aceptó la contrademanda del Ecuador en contra de la compañía por daños ambientales y declaró a Burlington responsable de los costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de la infraestructura de los Bloques 7 y 21, por los daños ocasionados, y la condenó al pago de USD 41 776 492,77.
Esta última decisión es “histórica”, dijo la Procuraduría. La entidad dijo que esto, además, crea “un precedente fundamental para otros arbitrajes en materia de inversión que deben resolver reclamos por daños ambientales“.
El Procurador General del Estado mencionó que, pese a que el país no estuvo de acuerdo con el laudo, una vez que se han ejercido las vías legales para impugnarlo y que este se ha vuelto ejecutable, el acuerdo entre el Ecuador y la compañía Burlington, permite solucionar una controversia y ratificar el compromiso del Estado ecuatoriano de cumplir con sus obligaciones internacionales.
Además, la entidad anotó que este acuerdo le permitirá al Estado “utilizar importantes recursos ahorrados al Fisco con el descuento en el monto a pagar logrado en este acuerdo y, adicionalmente, invertir los valores reconocidos por las contrademandas en beneficio de la zona afectada por la operación del Consorcio”.