4 de enero de 2017 11:06

La actualización voluntaria del valor de un inmueble con la Ley de plusvalía congelaría el impuesto predial

El Municipio realiza la inspección del inmueble y define el nuevo avalúo. Foto: Archivo EL COMERCIO

El Municipio realiza la inspección del inmueble y define el nuevo avalúo. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Valeria Heredia

La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, también conocida como Ley de plusvalía, establece un beneficio para aquellas personas que actualicen voluntariamente los avalúos de sus predios.

Un avalúo es una estimación del valor comercial del bien de una persona. La disposición transitoria tercera de la normativa establece que aquel contribuyente que de manera voluntaria realice la actualización del avalúo de su predio dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley tendrá la posibilidad de pagar durante los dos años siguientes (2018-2019) el impuesto predial sobre la base utilizada hasta antes de la actualización, sin perjucio de que los municipios actualicen sus catastros.

En caso de que sean estos últimos los que lo hagan, el impuesto se calculará sobre la base actualizada por ellos.

La norma entró en vigencia el 30 de diciembre del 2016, es decir, tres días después de su aprobación, que contó con 79 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención en el Legislativo.

Carlos Licto, abogado tributario, señala que ya existe la posibilidad de actualizar el catastro, aunque la Ley no contemplaba ningún beneficio. "Lo que se hace es decirle al contribuyente, que si solicita voluntariamente deberá cancelar sobre el anterior y no sobre el actualizado que resultaría un valor mayor".

Para el experto el trámite demandaba más tiempo que dinero. Actualmente, las personas deben acudir al municipio para realizar la gestión y entregar un documento con el pedido de actualización del predio, las mejoras y demás.

Luego, el Municipio realiza la inspección del inmueble y define el nuevo avalúo. “Es un tema de mucho tiempo, porque se designa a un funcionario y, generalmente, están ocupados y tienen que ir al predio; hacer un informe y demás. Se demora entre ocho y 10 meses”.

Y especificó que en teoría es positivo porque se da un “incentivo” a las personas que hagan la actualización. Incluso, es interesante para el gobierno autónomo descentralizado. “Los municipios tienen una facilidad adicional para la actualización”.

Licto aseguró que hay que tomar en cuenta que “cada municipio dictará las ordenanzas para viabilizar esta reforma, por lo que no sería tan necesario el reglamento”.

La Ley para Evitar la Especulación de la Tierra fue enviada con carácter de económico urgente y, además, crea un impuesto sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes inmuebles se grava a “la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmueble".

Se incluyó a los aportes de inmuebles realizados a fideicomisos o a sociedades, dedicadas a la promoción inmobiliaria y construcción.

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