Redacción Negocios
Tras dos años de una disputa comercial en el seno de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), finalmente el Gobierno ecuatoriano decidió acatar la resolución del organismo del 24 de septiembre.
En la decisión andina, los magistrados andinos fallaron en contra de Ecuador, sancionándolo por haber restringido las importaciones de sal de mesa. Y como resultado, condenó al país a que en 90 días deje sin efecto las restricciones a la importación.
En virtud de ello, la ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, informó que hoy el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) adoptará la medida con carácter de suspensiva, es decir, mientras se establece un procedimiento que garantice el ingreso de sal yodada, conforme la normativa, para precautelar la salud de la población y mientras se establezca el procedimiento para el registro de importadores. Ello tardará 90 días.
“El proceso contemplará el registro de importadores, la inspección aleatoria in situ a las plantas industriales de los países de origen, la verificación de origen de cumplimiento de la norma, el registro sanitario…”, informó Cely.
Por su parte, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, aseguró que junto al Ministerio de Salud fortalecerán el plan de prevención y control para garantizar que la comercialización de la sal se haga manteniendo la norma de porcentajes mínimos de yodo.
Cely también señaló que se ha formado una comisión de veeduría para monitorear y controlar todo el proceso. La Comisión estará conformada por representantes académicos, de la sociedad civil y de la Asamblea.
Ecuador adoptó en 2004 la decisión de restringir la importación de sal, aduciendo razones de salud, es decir, para evitar que se multipliquen los casos de bocio y cretinismo en la población, por efectos del consumo del producto insuficientemente yodado. Sin embargo, la CAN afirmó en su resolución que este no es motivo suficiente para cerrar las fronteras al ingreso de la sal.
Según el galeno Rodrigo Fierro, quien ha seguido de cerca el problema, “estamos en una situación de acatar una resolución inapelable. Por ello, debemos potenciar el control del ingreso de sal, especialmente de Colombia y Perú. Algo muy importante es que a pesar de que el país debe acatar la resolución andina, puede controlar la yodación en las fábricas de los países exportadores”.
Para el asesor de producción de Ecuasal, Juan García, “ojalá la resolución de la CAN no se hubiera dado, pero hay que cumplirla. Se tomó la decisión tomando en cuenta los intereses comerciales por sobre los de la salud. Somos uno de los pocos países del mundo que ha erradicado el bocio de su población, gracias al control”.
García explica que a nivel comercial el consumidor no sentirá la baja de precio de entre USD 0,01 y 0,02 que habría. “Tenemos suficiente sal para cubrir la demanda. Nosotros, como una empresa grande, no nos veremos perjudicados por el ingreso de otros productos. Pero sí los pequeños empresarios nacionales que viven de la venta de la sal”.