9 de junio de 2014 21:01

‘Concesión de red 4G buscará inyectar recursos para el Estado’

El registro de celulares concluirá  el 5 de abril

La comercialización de celulares se incrementa cada año. Foto: Archivo

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Redacción Negocios

Con las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, en su sabatina, se comienza a dibujar el escenario para la concesión de la red de telefonía denominada 4G-LTE (evolución a largo plazo, por sus siglas en inglés).

Esta tecnología, que es más rápida que la existente actualmente, se está implementando a escala mundial debido a sus mejores prestaciones en cuanto a trasmisión de voz y, sobre todo, de datos (10 veces más rápida que la actual).

Según expertos del sector, el Gobierno buscará un monto mayor de dinero para las arcas fiscales. Por ejemplo, para el catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, Hugo Carrión, la negociación de la red 4G será el espacio para recuperar “la mala renegociación realizada en el 2008”.

Para el académico, el hecho de que el Estado haya firmado el contrato “a valor presente” para los 15 años siguientes hace que se pierdan ingresos”.

Es decir, el hecho de que Estado haya firmado el contrato por un monto fijo (USD 866 millones), más 2,93% de la facturación anual, “no fue un buen negocio”.

La mejor opción, dice Carrión, era fijar montos anuales, de acuerdo a la evolución del mercado nacional o fijar un “mínimo anual garantizado”.


Por ello, con la negociación de la red 4G el Estado buscará mejorar el espacio perdido. “Pudo haber ganado USD
3 000 millones”, concluye.

Mientras que Juan Carlos Solines, quien fue titular del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el 2006 y que también participó en las renegociaciones para la concesión del 2008, asegura que lo obtenido por el Gobierno fue “un monto elevado”.

En el Enlace Ciudadano 376 desde el cantón Carlos Julio Arosemena Tola de la provincia del Napo, el Primer Mandatario señaló que Solines iba a firmar el contrato de concesión por USD 62 millones, lo que representaba un perjuicio para el Estado.

Solines se defiende y asegura que los USD 62 millones “era el monto base establecido por una consultora peruana”. A eso había que sumar los costos de Internet móvil y otros servicios, lo que daba una cifra parecida a la negociada.

Para el exfuncionario, el monto establecido en el 2008 fue alto y se reflejó en el costo de las tarifas. El escenario para la concesión 4G es similar : montos altos para que el Estado tenga liquidez.

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