30 de January de 2015 19:41

A la economía brasileña le llueven las tormentas

Estudiantes tienen un cartel que dice "no caminata" durante una protesta contra la última ronda de aumento de tarifas de transporte en Brasil. Foto: AFP

Estudiantes tienen un cartel que dice "no caminata" durante una protesta contra la última ronda de aumento de tarifas de transporte en Brasil. Foto: AFP

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 6
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Análisis de Mario Osava. Río de Janerio  IPS

Los escándalos de corrupción suelen tener consecuencias más políticas que económicas, pero el de la empresa petrolera Petrobras parece tener un impacto inverso, sacudiendo a un Brasil ya atormentado por una crisis macroeconómica, hídrica y energética.

La recesión en 2015, que era una posibilidad debido al ajuste fiscal, surge como inevitable ahora que la mayor empresa brasileña se ve obligada a reducir sus inversiones en cerca de 25 por ciento este año y puede sufrir daños más drásticos de las denuncias de corrupción involucrando sus proyectos y las mayores constructoras del país.

"Eso genera enormes efectos en cascada, hay empresas cerrando, otras revisando sus inversiones, haciendo temblar muchos sectores", señaló Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura, para añadir que es imposible cuantificar las pérdidas en la economía nacional.

La construcción y la industria naval están entre los sectores más afectados directamente, como proveedores de los gigantescos proyectos de la estatal Petrobras, ejemplificó. "Una tragedia", opinó a IPS.

El escándalo, desatado el año pasado por la Operación Lava-Jacto de la Policía Federal, adquirió proporciones abrumadoras después que el exdirector de Abastecimiento de la corporación, Paulo Roberto Costa, detenido en marzo, decidió colaborar con las investigaciones a cambio de reducción de su pena, la llamada "delación premiada".

Fueron involucradas 23 constructoras en el pago de sobornos y la participación en la trama de corrupción, incluyendo las más importantes del país, como Odebrecht, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez, que operan en decenas de países, especialmente en América Latina y África.

Son las que construyen los grandes proyectos en Brasil, como hidroeléctricas, carreteras, ferrocarriles y metros. Si el proceso de Petrobras las descalifica, se demorarán más aún las obras de infraestructura que urgen en el país y muchas de las cuales llevan años de atraso respecto a los plazos fijados.

Sería un golpe adicional a la economía, amenazada también por la sequía de dos años en el Sureste y Centro-Oeste, las regiones de mayor producción industrial y agrícola de Brasil, y de tres años en el Nordeste, la más pobre.

Brasil depende demasiado de las lluvias, está comprobando su población. Además de muchas ciudades racionando el agua y la región metropolitana de São Paulo al borde del colapso hídrico, los brasileños enfrentan la inminencia de una nueva crisis de energía eléctrica.

En Brasil, con 202 millones de habitantes, el agua y la energía se vinculan íntimamente. La hidroelectricidad representa más de 80 por ciento de la capacidad instalada de su generación eléctrica. La escasez de agua en los ríos encarece la electricidad, al tener que recurrir a las centrales térmicas y sus combustibles fósiles.

Además el riesgo de apagones ya está presente desde el 19 de enero, cuando más de tres millones de residencias quedaron sin luz por algunas horas, porque el consumo superó la oferta. Si las lluvias siguen por debajo del promedio histórico, se podrá repetir el racionamiento que Brasil soportó por ocho meses en 2001 y 2002.

La principal víctima de esas adversidades energéticas, la industria de transformación, está en decadencia hace largo tiempo. Entre enero y noviembre de 2014, su producción cayó 4,2 por ciento, respecto a igual período de 2013. La recesión sectorial tiende a agravarse, sumando los factores negativos.

Más dramática socialmente es la inminencia de quedar sin agua para la mitad de los 22 millones de habitantes del área metropolitana de Sao Paulo, ante el posible agotamiento de dos sistemas de suministro, cuyos embalses están con 10 y cinco por ciento de su capacidad.

Las lluvias del verano austral, que habitualmente ayudan a recuperar los manantiales, están muy por debajo del promedio histórico y nada indica que ello mejorará en los próximos meses. Pero las autoridades se niegan a decretar el racionamiento que hidrólogos consideran de necesidad inmediata.

Otras de las mayores metrópolis, Río de Janeiro y Belo Horizonte, y centenares de ciudades del Sureste y del Nordeste ya sufren una escasez similar o están por hacerlo. Una cuarta parte de los brasileños están en esa situación.

El drama humano es más contundente, pero también la actividad productiva registra pérdidas por el déficit hídrico. En la industria se intensificó la reutilización de agua, una práctica que avanza en el sector y que muchas familias están adoptando en el hogar, ante las noticias alarmantes y la omisión del gobierno.

Todo eso ocurre cuando el gobierno de Dilma Rousseff, quien inició su segundo mandato el primer día del año, promueve un fuerte ajuste fiscal, para reequilibrar las cuentas públicas y así evitar una crisis financiera, bajar la inflación y recuperar la confianza del mercado, con el fin de reabrir el camino al crecimiento futuro.

La presidenta negó la necesidad del ajuste durante la campaña electoral, pero ahora adoptó una política de reducción de gastos y de aumento de impuestos y tasas de interés. Para ello, nombró como ministro de Hacienda al ortodoxo economista Joaquim Levy.

Se formó lo que algunos llaman "tormenta perfecta", combinando eventos que entraban la actividad económica y nutren la recesión. Las centrales sindicales, inmovilizadas desde la década pasada, comenzaron a convocar manifestaciones en defensa del empleo y derechos laborales amenazados.

El escándalo en Petrobras alcanzará a los políticos acusados de recibir sobornos, probablemente en marzo, ya que sus causas corresponden al Supremo Tribunal Federal, porque muchos son parlamentarios o con cargos ejecutivos. Trascendió que entre 30 y 50 involucrados resultaron electos en comicios.

Las cifras del caso son gigantescas. Una evaluación independiente de dos consultoras internacionales identificó una sobrevaluación de 34.000 millones de dólares en 31 negocios de la corporación, lo que elevó indebidamente sus activos en 17,4 por ciento.

Pero no se hizo el ajuste en la contabilidad interna porque el dato no es concluyente y se desconoce cuánto se debe a la corrupción o errores de gestión. Además Petrobras no logró la aprobación por una auditoría independiente de sus cuentas del tercer trimestre de 2014, como exigen las normas internacionales.

En consecuencia, puede sufrir cuestionamientos de accionistas, ver rebajada su calificación por las agencias de riesgo y enfrentar dificultades financieras por restricciones crediticias y otras sanciones. Al negociar sus acciones en el exterior, la corporación debe cumplir las más rigurosas reglas estadounidenses.

La crisis de Petrobras, cuyo ingreso operacional neto alcanzó 141.500 millones de dólares en 2013, equivalente a 6,4 por ciento del producto interno bruto brasileño, obedece también a fallas gerenciales.

Dos refinerías planificadas para el Nordeste fueron canceladas y los 1.040 millones de dólares ya invertidos pasaron a perdidas, al reconocerse que los proyectos son inviables económicamente.

Otra planta ya parcialmente construida, en el nordestino Puerto de Suape, subió su costo inicial de 4.100 millones de dólares a 20.100 millones de dólares, por un alegado aumento de 30.000 barriles diarios de petróleo en su capacidad de refinación, además de alteraciones cambiarias y de mercado.

"La corrupción en Petrobras viene de lejos, ahora tenemos la posibilidad de reducirla", sostuvo a IPS el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira.

Adujo que tres factores generaron el deterioro gerencial de la empresa: "el nombramiento político de dirigentes, directores decidiendo sin escuchar a los técnicos y la contratación de servicios por paquete que convierten en ‘dueños del proyecto' a los contratados".

"La empresa contratista hace el proyecto, elige los proveedores y fija precios, favoreciendo la cartelización y la corrupción, con sobreprecios sistemáticos", explicó.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (2)
No (0)