18 de julio de 2014 00:00

Las acciones policiales en colegios fiscales generan polémica

Los agentes policiales se ubicaron en las afueras de un colegio en Bucay en el operativo. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

Los agentes policiales se ubicaron en las afueras de un colegio en Bucay en el operativo. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

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Washington Paspuel. Redactor

La campaña ‘Revolución Preventiva’ se extendió ayer a otros cantones del Guayas. La intención de este proyecto es erradicar la venta y consumo de drogas en los colegios.

Hasta ayer, agentes de Antinarcóticos inspeccionaron 21 centros en Guayaquil y tres en el cantón Bucay. La primera etapa de la campaña, que se extenderá hasta septiembre, implica el despliegue de operativos policiales sorpresa.

El gobernador del Guayas, Rolando Panchana, principal promotor de la iniciativa, reiteró la mañana de ayer que las revisiones dentro de los colegios serán continuas y sorpresivas. “Esto no es improvisado, está coordinado con varias instituciones, un esfuerzo para prevenir que nuestros niños sean víctimas de las drogas”.

No obstante, estas acciones policiales en los planteles tienen reparos entre especialistas en atención a adolescentes.
Sonia Rodríguez, psicóloga del Centro de Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), una fundación que trabaja con menores víctimas de la violencia, considera inadecuada la metodología que se utiliza.

“Falta tener una mirada más integral del problema, para encontrar una solución, trabajar con los padres”, precisa.
Más allá de la autorización de las instituciones para que la Policía intervenga, Rodríguez considera a las inspecciones como un procedimiento punitivo. “Encuentran droga en los zapatos, en los bolsillos y la requisan, ¿y ahora qué?, ¿cuál es el siguiente paso?”.
Ante ese tipo de dudas, en la campaña se ha indicado que también se contemplará una segunda fase que se realizará en los próximos meses. Consiste en que los adolescentes y sus padres recibirán charlas educativas relacionadas al no consumo de drogas y motivación personal, así como asistir a familias cuyos integrantes tienen problemas de adicción.

La incursión de los gendarmes dentro de las aulas también encuentra reparos entre los organismos de DD.HH.
Francisco Zambrano, secretario ejecutivo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos, recuerda que estas acciones vulnerarían el derecho de los niños y adolescentes a su integridad. En ese sentido, cita el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, ni de ataques a su honra o a su reputación”.

Incluso la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU hace recomendaciones sobre este tema en el instructivo Educación de base escolar para la prevención del uso indebido de estupefacientes.

El documento recomienda que al existir la sospecha de que un alumno consume, tiene o vende narcóticos, lo primero que se debe hacer es remitir el caso a las autoridades del centro educativo. En el caso de que el joven se niegue a entregar la droga, se debe informar a la Policía y pedir que se registren los bienes.

A diferencia de los operativos de los dos días anteriores ejecutados en Guayaquil, la institución uniformada impidió ayer que la prensa registre la revisión dentro de los colegios. Según funcionarios de la Gobernación, la reproducción de las imágenes de las inspecciones podría vulnerar la privacidad de los estudiantes.

La campaña es bien vista por padres de familia y autoridades de los colegios hasta ahora intervenidos. Rocío G., madre de un estudiante considera que la acción policial era necesaria: “Nos ayuda. Este colegio tiene buenos estudiantes, pero hay gente de afuera que quiere destruirlo”.

Uno de los profesores del colegio registrado ayer en Bucay, comparte ese criterio. “Con esto, los alumnos son conscientes de que no se tolerará la presencia de cualquier tipo de droga en el plantel”.

Para la psiquiatra Julieta Sagnay, especialista en adicciones del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, lo primordial es el trabajo con los padres de familia en cuanto a la prevención.
“La incidencia de las drogas en los estudiantes no ha disminuido, al contrario, va en aumento. Es más, ahora está recorriendo las escuelas”, dice la experta. Ella recomienda tomar en cuenta la historia familiar del joven consumidor, ya que podría haber algún familiar con una adicción. No solo pueden ser drogas ilegales, sino alcohol o cigarrillo.

En contexto
La cuarta Encuesta Nacional de Drogas del Consep refiere que los adolescentes guayaquileños, de entre 12 y 17 años, consiguen estupefacientes en mayor cantidad en la calle y los alrededores de los planteles educativos. La marihuana es la de más fácil acceso.

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