21 de septiembre de 2014 20:42

El drama de la pensión se agrava cuando los padres no aparecen

En Carchi, la jueza Amparo Piarpuezán analiza un juicio de pensión alimenticia. Foto: Ricardo Cabezas / El Comercio

En Carchi, la jueza Amparo Piarpuezán analiza un juicio de pensión alimenticia. Foto: Ricardo Cabezas / El Comercio

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Redacción Sierra Norte (I)

Han pasado 25 años y Clara María Rivera aún no puede cobrar las pensiones que su exesposo debía cancelar por sus tres hijos. Cuando abandonó el hogar, su primer niño tenía 7 años, el segundo 3 y la tercera 6 meses. Agobiada por las rentas atrasadas de la vivienda y la dificultad de conseguir trabajo, Rivera planteó un juicio de alimentos.

En ese entonces, los jueces ordenaron a Suárez pagar
30 000 sucres mensuales por los tres.
Pero nunca lo hizo. Hace un año, acompañando a una amiga llegó a la Fundación Mujer, Identidad y Género, un ente de carácter jurídico social, de Ibarra. Allí aprovechó para consultar qué podía hacer.

Le recomendaron que inicie un juicio de liquidación. Tras el proceso, las autoridades determinaron que la expareja debía pagar USD 3 700. Pero, tras la sentencia, perdieron el rastro del demandado.

Según la abogada Patricia Chiliquinga, presidenta de la Fundación Mujer, Identidad y Género, muchas veces las decisiones judiciales quedan en nada porque los responsables de mantener a sus hijos, hombres o mujeres, se ocultan o se trasladan a otros lugares .

Hay casos en que los demandantes tienen que hacer hasta de investigadores para tratar de dar con el paradero de sus exparejas. Incluso recurren al IESS, al Consejo Electoral, Migración, a las empresas de agua y energía eléctrica. Todo para tratar de ubicar en dónde están.

Sin embargo, hay casos en que los morosos incluso prefieren no acceder a beneficios como la afiliación laboral, para despistar a las autoridades, explica Chiliquinga.

Este es el caso de la expareja de Rivera. “Yo tengo el número del celular de mi padre. Las pocas veces que me responde me dice que está en una zona rural”. Eso lo dice su última hija, que ahora tiene 25 años y está a punto de graduarse de enfermera.De los casos que se conoce en la Fundación Mujer se sabe que el incumplimiento provoca que las deudas se acumulen y sean impagables.

En el país, el promedio de esas deudas es de entre USD 3 000 y 5 000. Estos datos los reveló la semana pasada el Ministerio de Justicia, cuando anunciaba créditos para los asegurados que adeudan esas pensiones. Por ello, entre enero y agosto unas 2 915 personas han sido detenidas. El 19% salió después de 30 días, gracias a que un juez emitiera una medida de hábeas corpus.

Eso ocurrió con Rosaura D. El padre de su hija salió libre y desde entonces no aparece. A través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha buscado en dónde podría estar, pero no da con el paradero. Desde Ibarra ha viajado a Quito cuando tiene libre pero en los almacenes que supuestamente trabajaba no aparece.

Edith F. cuenta algo similar. Hace dos años, el mayor de sus tres hijos localizó la casa de su progenitor. Vivía en el extremo sur de Quito. Cuando se percató que lo seguían tomó un taxi y huyó. Una semana después, la Policía Nacional lo detuvo, pero apenas pagó la mitad y obtuvo la libertad.

El Ministerio de Justicia sostiene que, en lo que va de este año, 911 personas concretaron los acuerdos de pago.

En el Carchi, la provincia con mayor número de madres solteras en el país ( 13 754, según el INEC), en este año se han expedido 260 boletas de detención en el incumplimiento del pago de dos o más pensiones alimenticias.

El año anterior fueron emitidas 421, según Amparo Pierpuezán, juez de la Niñez y la Adolescencia de Carchi.

Aveces las búsquedas de los deudores dan buenos resultados. La autoridad recuerda que un padre de familia que incumplió con las obligaciones de manutención de tres hijos durante nueve años fue detenido en la Amazonía.

El martes último, tras permanecer un mes en la cárcel, sus familiares pudieron reunir USD 6 000, que era lo que tenía que pagar por las pensiones.La madre demandante entabló un juicio ante la dificultad física que tenía para continuar lavando ropa, que era su sustento diario. Desesperada averiguó dónde estaba y lo ubicó.

De acuerdo con los datos levantados por el Consejo de la Judicatura del Carchi, en los primeros ocho meses de este año por pensión alimentaria se cancelaron USD 1,5 millones. Mientras que todavía están pendientes de pago USD 40 766.
Para Pedro Velasco, director de este organismo, el convenio a favor de los alimentantes deudores es importante para la protección de los derechos de infantes y adolescentes. Sin embargo, aclara que podrán beneficiarse únicamente quienes tienen relación de dependencia o poseen bienes para obtener un crédito prendario.

Sin embargo, hay hechos que son más complicados de resolver. Son los casos en que las madres están en el exterior o los papás salen del país.

A la mente de Patricia Chiliquinga viene un caso de un extranjero que habría ingresado al Ecuador con identidad falsa. Tuvo hijos y luego abandonó el país. En ese caso, la demandante tuvo que afrontar sola la crianza de los menores. Nadie la ha apoyado.

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