14 de octubre de 2014 21:50

Drama entre los padres de alumnos investigados por las protestas

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Redacción Seguridad

Hoy, 14 de octubre fue suspendida la marcha estudiantil de los alumnos del colegio Mejía que estuvieron involucrados en las protestas del 18 de septiembre.

En su lugar se implantó una reunión de sus abogados, padres de familia, presidente de padres de familia del Colegio Mejía, presidente de la FESE (Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador).

Se realizó en el Colegio de Abogados de Pichincha para analizar la denuncia que se impondrá sobre cuatro policías, un médico y un paramédico; además se analizará la denuncia en contra del Ministro del Interior. Todos ellos vinculados a la supuesta violencia en contra de los detenidos.

Aproximadamente a las 9:30, estos personajes se reunieron a puerta cerrada, para luego proceder a dar una rueda de prensa.

Dos estudiantes que prefirieron no identificarse por miedo a represalias y que aseguraron que sus firmas iban a constar dentro de la denuncia, manifestaron que sus derechos humanos y derecho a la educación fueron y están siendo vulnerados porque desde el día de su detención no han podido integrarse normalmente a sus actividades estudiantiles, únicamente están sujetos a la entrega de sus tareas el miércoles de cada semana.

Además temen no estar preparados para las próximas evaluaciones del Senescyt ya que estos se encuentran cursando el tercer año de bachillerato en la Institución.

El futuro es incierto para los alumnos ya que no existe un tiempo estimado para las investigaciones sobre el cargo que se les imputa. Mientras tanto tienen que estar a la expectativa de lo que puede suceder con ellos.

Una vez terminada la reunión habló el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía. A él le preocupa que las lesiones en los estudiantes detenidos desaparezcan y que con eso no tengan evidencias visibles del maltrato al cual aparentemente fueron expuestos. Según Alomía, “con eso podría devenir una denuncia maliciosa y temeraria que traería perjuicios directos contra los denunciantes y abogados”.

Gerardo Miquinga, presidente de padres de familia del Colegio Mejía, afirmó que “no es posible que se criminalice” la protesta social y pidió que los estudiantes del Mejía regresen a sus aulas.

Mauricio Chiluisa, presidente de la FESE, manifiesta que son 110 estudiantes que se encuentran suspendidos de sus labores educativas. Ellos pertenecen a los colegios Mejía, Montúfar, Montalvo, Miguel de Santiago, Sucre, Teodoro Gómez de la Torre de la ciudad de Ibarra, Olmedo de la ciudad de Portoviejo, Bolívar.

Luego de las intervenciones de los presidentes, padres de familia como Oscar Salazar, cuyo hijo se encuentra detenido, ve la necesidad de solicitar una audiencia al presidente Rafael Correa y pedir perdón por la culpa de su hijo, mientras Hernán Beltrán padre de otro de ellos manifiesta que su hijo es un preso político y que no tuvo culpabilidad en los hechos cometidos aquel día. Según esta versión, los estudiantes son las únicas víctimas de los maltratos que según los papás fueron expuestos los jóvenes.

En su página web, el Ministerio del Interior dijo el 7 de octubre que “los estudiantes no sufrieron torturas como malintencionadamente también se expuso a la opinión pública. Especificó que los 54 procesados reconocieron su participación en los hechos”.

La noche de las protestas, esta secretaría de Estado dijo que las protestas del Mejía dejaron 17 policías heridos, “debido a la violencia con la que actuaron los protestantes”.

Mañana 15 de octubre se entregará formalmente la denuncia en contra de los uniformados

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