1 de May de 2011 00:00

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jechevarria

En el entendido de que el Consejo Electoral juegue con limpieza las cartas de árbitro en la consulta del próximo 7 de mayo, la interrogante a verificarse es si la ciudadanía está en capacidad de entender la complejidad y la profundidad de las transformaciones que derivan del proceso, o si su voto se inclinará por la salida elemental de la simpatía o antipatía frente al jefe carismático.

La complejidad a la que se ve abocada la ciudadanía es tener que decidir sobre reformas profundas en el sistema democrático a través de mecanismos plebiscitarios de democracia directa. El régimen, para evitar el camino de la deliberación, tomó el atajo de la consulta directa, consciente del poder de atracción que ejerce la figura del jefe sobre las masas, a las cuales concibe como dóciles rebaños dispuestos a la aclamación no deliberante.

¿Cómo recuperar posibilidades deliberativas en el contexto de la democracia directa? ¿Está el electorado en capacidad de decidir en estos temas complejos? La hipótesis que se juega es la de la madurez democrática de la ciudadanía, y esta indica que no necesariamente se requiere ser experto jurista para discernir sobre el sentido de las preguntas que están en la consulta.

Más que argumentos que puedan enredarse en la sofisticación técnica del texto jurídico, lo que está en juego, es la comprensión de los grandes desafíos y consecuencias que derivan de una posible victoria del sí en la consulta.

Cada vez está más claro el sentido que esta por detrás de las preguntas y de los extensos y farragosos anexos que los acompañan: la fuerte vinculación entre concentración de poder y restricción o reducción de derechos. La idea de que a la inseguridad se la enfrenta con ´mano dura´, está estrechamente ligada a la noción de que concentrar poder es excluir las diferencias y acallar la deliberación. Este principio que anima a los ´corazones ardientes´, desconoce a la sociedad su capacidad de autogobierno. Apunta a reducir las diferencias, porque las ve como gérmenes de conflicto y desarticulación, entiende la construcción del gobierno como la imposición de una voz única e inapelable.

Este enfoque no concibe que el poder que la sociedad requiere puede ser resultado de la expansión de capacidades deliberativas de la sociedad, y por lo tanto de la plena expresión del principio libertario. Al contrario, opta por la restricción de libertades, al punto de condicionar las preferencias por la forma de divertirse, la elección de mensajes comunicacionales que se ´deben´ escuchar.

El reto para la ciudadanía el 7 de mayo es demostrar que ésta es una sociedad moderna y emancipada, con capacidad de autoregulación, que no necesita un ‘pater familias’ o un ´condottiero´ que conduzca el rebaño.

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