28 de septiembre de 2014 20:00

Disculpas a Sarayaku llegarán dos años después

El viernes (26 de septiembre), Félix Santi (der.), presidente del Gobierno sarayaku, llegó al Ministerio de Justicia. Foto: Patricio Terán / El Comercio.

El viernes (26 de septiembre), Félix Santi (der.), presidente del Gobierno sarayaku, llegó al Ministerio de Justicia. Foto: Patricio Terán / El Comercio.

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Dalia Montalvo y Estefanía Celi 
(F-Contenido Intercultural)

La semana pasada en Sarayaku fue más ajetreada de lo normal. La Presidencia de Tayjasaruta (Consejo de Gobierno) formó cinco comisiones que finiquitan detalles para recibir a los representantes del Gobierno que, a nombre del Estado, deberán ofrecer disculpas por la contaminación de su territorio con explosivos en los 90.

Los grupos están encargados de la alimentación, el hospedaje, la preparación de la chicha, el transporte y la seguridad. Para el miércoles (1 de octubre), se prevé que una delegación de cinco autoridades del Gobierno acudan hasta la comunidad, en la provincia de Pastaza. Por eso, se alistan para realizar un evento que, esperan, los reivindique. Por eso estarán presentes sus 1 200 habitantes.

Este acto es parte de las ­medidas de reparación que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en su sentencia del 27 de junio del 2012, que halló culpable al Estado de violentar los derechos del pueblo a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, al permitir que una petrolera privada realizara actividades de exploración sin una consulta previa.

“Es algo histórico que un Estado esté ofreciendo disculpas a un pueblo indígena, como Sarayaku. Es muy importante esto para Ecuador, para Latinoamérica y para el mundo”, señala Félix Santi, presidente del gobierno Tayjasaruta.

Él llegó el viernes (26 de septiembre) hasta Quito con una delegación de su comunidad, para afinar los preparativos del acto, que se realizará en la plaza central de la comunidad.

Está confirmada la presencia del procurador general del Estado, Diego García; la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; la ministra del Ambiente, Lorena Tapia; el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizalde, y un delegado del Ministerio de Defensa.

El acto oficial comenzará a las 09:00, pero los dirigentes tomarán la guayusa (bebida fortificante) desde las 04:00. Gerardo Gualinga, jefe del grupo de seguridad Wio, dijo que se espera la visita de más de 1 000 personas de todas las comunidades aledañas. “En el centro poblado, la gente está preparando la comida. Los wios arman las cabañas para recibir a las autoridades. Estamos listos para dar la seguridad tanto a los ministros como a los invitados y periodistas”, señala.

La disculpa se debe realizar en los términos establecidos en la sentencia de la CIDH. Debe ser “un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional (del Estado) por las violaciones declaradas en la sentencia”. Esta también estipula que la determinación del lugar y modalidades del acto deben ser consultados y acordados previamente con el pueblo, y que el acto deberá ser realizado en una ceremonia pública en idiomas kichwa y castellano, y ser ampliamente difundido en los medios de ­comunicación.

Para el evento, la CIDH determinó un plazo de un año después de notificada la sentencia (junio del 2012). Por esa razón, en noviembre pasado, el entonces ministro de Justicia, Lenin Lara, realizó una cadena nacional de radio y televisión para solicitar disculpas al pueblo de Sarayaku. Sin embargo, el gobierno Tayjasaruta señaló que no hubo un acuerdo previo con sus habitantes para esto y que el acto debía de realizarse en su territorio.

El acto de reconocimiento de la violación de los derechos no es el único punto de la sentencia que queda por cumplirse. La CorteIDH también ordenó el retiro de la pentolita (material explosivo) tanto en la superficie como la enterrada en el territorio del pueblo de Sarayaku, con base en un proceso de consulta al pueblo.

“Es lo más duro y todavía estamos en el inicio. Se hizo el reconocimiento del lugar, posteriormente vendrá el estudio de impacto ambiental y lo último será el retiro de la pentolita”, comenta Félix Santi.

La CIDH también determinó el pago de USD 1,4 millones como reparación económica, valor que ya fue depositado el año pasado, además de la publicación de la sentencia en medios de comunicación.

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