11 de julio de 2017 00:00

Disculpas de Fernando Encalada dejan inconformes a Arce, Fiscalía y Defensoría del Pueblo

El exoficial Fernando Encalada (izq) ofreció disculpas pero criticó el fallo judicial. Michael Arce no las aceptó. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El exoficial Fernando Encalada (izq) ofreció disculpas pero criticó el fallo judicial. Michael Arce no las aceptó y grupos de afros lo apoyaron. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Fernando Medina

El acto de disculpas duró apenas 30 segundos. El lunes 10 de julio del 2017, a las 10:00, Fernando Encalada, excapitán del Ejército, se ubicó frente a un micrófono y dijo que cumpliría la sentencia que le impuso la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el 2015.

En el fallo, Encalada fue declarado culpable del delito de odio en contra de Michael Arce, un joven afroecuatoriano, que en el 2011 ingresó a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil). En ese entonces, Encalada era instructor de esa institución y habría agredido física y psicológicamente a Arce por su color de piel. De allí que la Corte sentenció al exoficial a cinco meses y 24 días de cárcel. Además, ordenó que debía ofrecerle disculpas al excadete en la Esmil.

Por eso, el lunes en la Plaza Twintza, a 20 metros del acceso dos de la Escuela Militar, Encalada dijo lo siguiente: “Vengo a ofrecer disculpas públicas al señor Michael Arce por las supuestas agresiones que ha sido víctima por parte de mi persona”. Luego señaló que es inocente y que no cometió ninguna falta y por eso calificó de errado el fallo judicial.

Una hora antes de esas declaraciones, familiares de Arce y miembros de la Confederación Afroecuatoriana criticaron que el acto se realice en ese lugar. “Michael entró y salió por la puerta principal, no por esta puerta trasera”, gritaban.

El mismo reclamo hizo la fiscal del caso Gina Gómez, quien rechazó el acto, pues según ella fue una “farsa” que organizó el exoficial y las autoridades de la Esmil. De allí que indicó que investigará quién organizó y cómo se hizo.

Esas declaraciones fueron rechazadas por autoridades del Ejército, quienes señalaron que la Esmil no fue parte del proceso e informaron que actualmente existen 73 oficiales y 1 621 militares de tropa de etnia afroecuatoriana. Por eso, dicen que en las Fuerzas Armadas no existen actos de discriminación y aclaran que las acusaciones del joven Arce fueron dirigidas específicamente al excapitán Encalada.

El 10 de julio, el defensor del Pueblo subrogante, Patricio Benalcázar, también manifestó su desacuerdo con el evento. “Las víctimas de odio deben ser resarcidas en su totalidad”, dijo.

En el país, desde el 2015 hasta junio de este año, la Fiscalía ha recibido 802 denuncias por el delito de odio. Allí se incluyen casos raciales, por orientación sexual o por la nacionalidad.

Esta figura está tipificada en el art. 177 del Código Integral Penal y sanciona con penas de uno a tres años de cárcel a quien cometa actos de odio en contra de personas por su nacionalidad, orientación sexual, idioma, religión, ideología, discapacidad, etnia, entre otros.

Pero el caso de Arce no es el único. En Cuenca también se indaga una demanda de dos mujeres afroecuatorianas, quienes al parecer fueron agredidas por un hombre en el 2016. El sospechoso habría insultado a las mujeres por su etnia.

Otro hecho sucedió en esa misma ciudad a fines del 2015, cuando una mujer presuntamente insultó a un agente de tránsito mientras este realizaba un operativo para detectar conductores en estado etílico.

En la denuncia consta que los insultos estaban direccionados a su color de piel.

Por eso, para Alodía Borja, de la Confederación Afroecuatoriana, estos hechos deben ser sancionados y resarcidos por los responsables. Ella estuvo ayer en el acto de disculpas y criticó que las autoridades militares no hayan puesto ni una silla para los invitados. Además, dijo que los jueces deben tomar en cuenta que el acto no se realizó en ninguna plaza si no en un parqueadero.

Juan Pablo Albán, abogado de Arce, cuestionó lo sucedido y dijo que no se cumplió con el fallo judicial y manifestó que las FF.AA. se prestaron “para discriminar y agraviar nuevamente a una persona”.

Eso fue replicado por la Fuerza Terrestre en un comunicado que fue difundido ayer. En el documento explican que el exmilitar Encalada, mediante dos oficios solicitó que se “le facilite el área denominada Plaza Tiwintza. Por lo que anunciaron que la institución armada se “deslinda de cualquier tipo de responsabilidad o inconformidad” que pudiera darse por la forma en que se desarrolló el acto de ayer.

Otro de los temas que aclaró el Ejército fue que el excapitán fue dado de baja el 9 de junio pasado, tras el fallo de la Corte.

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