10 de febrero de 2015 13:13

El dirigente antiminero, Javier Ramírez, acusado de rebelión fue sentenciado a 10 meses de privación de libertad

En las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura cientos de familiares, amigos y simpatizantes, con carteles, altavoces y tambores, exigían la libertad del dirigente campesino. Foto: Washington Benalcázar/ EL COMERCIO.

En las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura cientos de familiares, amigos y simpatizantes, con carteles, altavoces y tambores, exigían la libertad del dirigente campesino. Foto: Washington Benalcázar/ EL COMERCIO.

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Washington Benalcázar

Tras pasar 308 días privado de su libertad, Javier Ramírez Piedra, un campesino antiminero del Valle de Íntag, situado al occidente de la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, recibió hoy, 10 de febrero del 2015, la sentencia. El Tribunal Primero de Garantían Penales de Ibarra le condenó a 10 meses de privación de la libertad por el supuesto delito de rebelión, tiempo que lleva detenido.

Ramírez fue procesado por haber participado presuntamente en una agresión contra funcionarios y una camioneta de la Empresa Nacional Minera (Enami) el 6 de abril del 2014, mientras los técnicos de esa institución recorrían esta jurisdicción.

La Enami se encuentra, desde el año anterior, en Intag, una zona subtropical supuestamente rica en minerales, especialmente cobre y molibdeno. Ahí la empresa estatal, con la asistencia de la chilena Codelco, lleva adelante tareas de exploración, como parte del proyecto Llurimagua, en un área concesionada de 4 839 hectáreas.

Tras el dictamen, Ramírez deberá abandonar el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra -en donde permaneció internado el 9 de abril del 2014-, pues ya cumplió la pena determinada por los jueces. Así explicó Ramiro Román, abogado defensor. Sin embargo, cuestionó que se le inculpó del delito de rebelión, a pesar de que no habría participado en la agresión, pues supuestamente estaba en su hogar, en la comunidad de Junín, en Intag, recuperándose de una lesión en la rodilla.

En las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura cientos de familiares, amigos y simpatizantes, con carteles, altavoces y tambores, exigían la libertad del dirigente campesino. Foto: Washington Benalcázar/ EL COMERCIO.

En las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura cientos de familiares, amigos y simpatizantes, con carteles, altavoces y tambores, exigían la libertad del dirigente campesino. Foto: Washington Benalcázar/ EL COMERCIO.

Para el jurista, la sentencia de 10 meses pretende justificar el tiempo que estaba preso para evitar el derecho de repetición. Es decir, que Ramírez planteé una demanda contra el Estado por haber sido privado de la libertad.

La audiencia de juzgamiento en contra de Javier Ramírez inició el 30 de enero último. Entre las 08:30 y 18:00 de ese día se presentaron los alegatos a favor y en contra del procesado. Finalmente se aplazó hasta hoy, para que los jueces emitan su resolución.

En las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura cientos de familiares, amigos y simpatizantes, con carteles, altavoces y tambores, exigían la libertad del dirigente campesino. Entre los manifestantes estaban Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi; Elsie Monge, presidente de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; Juan Cuvi, exmiembro de Alfaro Vive Carajo; Jaime Guevara, cantautor popular; Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, entre otros, que llegaron para apoyar a Ramírez.

Una vez leída la sentencia, a las 10:00, los simpatizantes del campesinos antiminero avanzaron en una marcha hacia el Centro de Rehabilitación Social. Ahí esperan su salida.

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