25 de septiembre de 2014 13:44

Directivos de los fondos privados responderían con sus bienes por mala administración

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Mónica Orozco. Coordinadora

Cerca de las 11:30 de hoy, 25 de septiembre del 2014, el pleno de la Asamblea retomó el segundo debate del proyecto de Ley que busca pasar la administración de 54 fondos de cesantía y jubilación privados a la administración pública.

Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País (AP) y miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, anunció que durante el debate la Comisión propondrá dos cambios al proyecto. El primero es que los administradores de los fondos respondan con sus bienes si se determinaran faltantes o "huecos financieros" en los fondos.

Además, se establecerá que la Junta Reguladora Monetaria y Financiera deberá regular a los 10 fondos de cesantía y jubilación que no se incluyen en la reforma por no tener aportes estatales.

El proyecto, que se denomina Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, se discute en la Asamblea desde julio pasado.

La propuesta legal inicial apuntaba únicamente al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), pero luego se amplió al resto de fondos.

El argumento del oficialismo para tramitar la norma es que los fondos recibieron aportes estatales. El segundo y definitivo debate debía arrancar el 11 de septiembre pasado, pero se suspendió “porque había otros temas que debían debatirse”, dijo la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, quien negó que la suspensión se haya debido a falta de votos.

Carrillo insistió en que el proyecto contempla cuatro condiciones para que los fondos privados mantengan su actual administración y no pase al Biess.

La primera es que la mitad más uno de los partícipes esté de acuerdo con mantener la administración actual. Además, deberán demostrar que los partícipes realizaron los aportes de manera voluntaria, garantizar que devolverán los recursos a los partícipes en cualquier momento, y, cuarto, reitegrar al Fisco el valor de los recursos estatales recibidos con los respectivos intereses.

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