El gobierno centroizquierdista de Brasil, presidido por Dilma Rousseff, anunció un ajuste presupuestario drástico de USD 23 000 millones.
El recorte llega apenas un mes después de haber anunciado el enorme presupuesto del gigante latinoamericano que asciende a USD 300 000 millones para este año 2015.
Para cumplir con las exigencias de los tiempos llegó al Ministerio de Economía un amigo de la austeridad fiscal. Los recortes, según la nota de la web del Diario El País de España, alcanzará a las áreas de sanidad y educación. Estas son prioridades para el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) que gobierna Brasil en cuatro elecciones consecutivas (dos períodos de Lula, dos de Dilma). Toda una contradicción entre el discurso y el pragmatismo forzado.
Antes habían llegado aumentos en el precio de los combustibles y la luz eléctrica.
El ajuste llega luego de una atmósfera pesada. En el año 2014 se hubiese pensado que la reelección de la Presidenta estaba en duda. El gasto multimillonario del Mundial de Fútbol -eliminación temprana del seleccionado incluida – puso su cuota de mal humor.
Antes, protestas callejeras violentas en varias ciudades con hogueras y destrozos y los rolezhinos que bajaban desde las fabelas, solo fueron atenuadas parcialmente con la ‘salvífica’ vista papal en el año 2013.
Pero en el mar de fondo estaban los escándalos de corrupción, el mensalao – los dineros sucios repartidos a políticos de distintas tendencias- y el escándalo de Petrobras y los aportes de grandes constructoras para las campañas de varios partidos tienen a todo el espectro político desprestigiado.
Según un reportaje del Grupo de Diarios América, GDA, publicado el viernes en EL COMERCIO los desvíos de fondos públicos ascienden a USD 4 000 millones.
Hoy cuando la crisis arrecia a ese gran país, economía emergente próspera pero con una inequidad social colosal, la austeridad parece ser imperativa. Una fórmula que ciertos populismos rechazan espantados.