18 de marzo de 2015 13:27

Presidenta de Brasil lanza paquete anticorrupción para recuperar apoyo

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, explicó que buscará el diálogo tras las protestas en ese país. Foto: AFP

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, explicó que buscará el diálogo tras las protestas en ese país. Foto: AFP

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Agencia DPA

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció este martes 18 de marzo un conjunto de cinco propuestas de medidas de combate a la corrupción, en un intento de responder a las masivas protestas populares del domingo pasado, que sacaron a las calles a 1,7 millones de personas, según la policía.

El llamado "paquete anticorrupción" incluye la posibilidad de confiscar bienes de funcionarios públicos que acumulen un patrimonio "incompatible con sus ingresos" y no logren demostrar que fueron adquiridos con recursos legales. Además, Rousseff propone convertir en delito penal el uso de recursos no declarados al fisco y a la Corte Electoral en campañas políticas, una práctica muy usual en Brasil.

Esas medidas habían sido prometidas por primera vez por Rousseff en junio de 2003, cuando también estallaron masivas protestas por todo el país. El tema volvió a la agenda presidencial esta semana, después de las manifestaciones de repudio al gobierno y en demanda de la salida de la mandataria del poder, que colmaron las calles de más de medio centenar de ciudades brasileñas el domingo.

Las protestas fueron motivadas principalmente por el escándalo en la petrolera estatal Petrobras, donde, según el Ministerio Público, una red ilegal operó entre 2004 y 2012, desviando recursos de contratos de la empresa para pagar sobornos y financiar partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Pese a que presidió durante ocho años el Consejo de Administración de Petrobras, Rousseff negó conocer las prácticas ilegales de la empresa, y no está entre los políticos investigados por sospecha de nexos con el esquema de corrupción.

Al presentar el conjunto de propuestas que elevará al Congreso, la mandataria sostuvo que el combate a la corrupción ha sido siempre una de sus máximas prioridades. "Mi compromiso con el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal, con mi práctica política y es coherente con mi actuación como presidenta", dijo, en un discurso.

Además, afirmó que el estallido del escándalo en Petrobras es una muestra de que, a diferencia de lo que ocurría en gestiones pasadas, su gobierno otorga a la policía federal y el Ministerio Público total autonomía para investigar irregularidades: "La corrupción en Brasil no fue inventada recientemente". Las denuncias de corrupción y el estancamiento económico aliado a una inflación en aumento han agravado el desgaste de la imagen política de Rousseff, quien inició su segundo mandato el 1 de enero pasado.

Una encuesta del Instituto Datafolha divulgada hoy reveló que la tasa de rechazo a su gestión saltó al 62 por ciento, la más elevada desde septiembre de 1992, cuando el repudio a Fernando Collor de Mello llegó al 68 por ciento, semanas antes de que el entonces presidente fuera separado del cargo para enfrentar un juicio político por corrupción.

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