1 de octubre de 2014 16:32

Dilma, inmune a las crecientes denuncias de corrupción

Dilma Rousseff es candidata a la Presidencia de Brasil. Foto: AFP

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Alberto Armendariz, Corresponsal en Río de Janeiro. La Nación, GDA 
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En las protestas de junio del año pasado, millones de brasileños condenaron los desvíos de dinero que afectan la calidad de los servicios públicos y encarecieron las obras para el Mundial de fútbol.

Ahora, en plena campaña electoral, mientras nuevas revelaciones surgen cada semana sobre el supuesto esquema de sobornos que existía en Petrobras, la lucha anticorrupción es citada entre las diez prioridades que los brasileños le exigen al futuro gobierno.

Aun así, la candidatura de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), aún crece en las encuestas a medida que se acercan las elecciones del próximo domingo, en las que busca un nuevo mandato. Pero ¿qué peso tiene realmente el tema de la corrupción en estos comicios?

"Estamos en una situación económica delicada, en la que lo que más pesa es el empleo y la comida. A la mayoría de los votantes, a las personas que dependen de los planes asistenciales del gobierno, la corrupción no les importa, señaló el comerciante carioca Federico Borja, de 48 años, empleado de una tienda de materiales para la construcción en Ipanema.

Borja no participó de las masivas marchas de junio de 2013, pero dijo compartir el sentimiento de indignación de aquellos manifestantes frente a la corrupción, un mal tan arraigado en Brasil como en el resto de América latina. Es por eso que él votará por la ecologista Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB), que promete una "nueva política", conformada por equipos de personas capaces y honestas en un sistema meritocrático.

"Con Dilma o Aécio [Neves, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB] no cambiará nada. Ya hace 20 años que venimos probando y sigue todo igual. Prefiero arriesgarme y apostar por alguien nuevo como Marina", explicó.

Las mismas esperanzas que hoy abriga Borja son las que tenía gran parte de los brasileños en 2011, el primer año de gobierno de Dilma, cuando también muchos salieron a las calles a respaldar los despidos de siete de sus ministros, acusados de corrupción por la prensa.

Entonces, la presidenta se ganó el apodo de "faxineira" (limpiadora) y alcanzó sus máximos niveles de popularidad, apoyada incluso por sectores bien críticos de la anterior administración de Luiz Inacio Lula da Silva, su padrino político.

Esa imagen sobrevivió incluso a 2012, cuando la presidenta se mantuvo totalmente ajena al juicio que llevó adelante el Supremo Tribunal Federal contra varios ex jerarcas del PT por el caso del "mensalão", el escándalo que jaqueó al gobierno de Lula en 2005, cuando se descubrió que legisladores de partidos aliados recibían pagos mensuales a cambio de su voto a favor de políticas oficialistas.

"Dilma fue muy criticada tanto dentro del PT como en su coalición, y tomó conciencia de que su postura ponía en riesgo a su propio gobierno. Era insustentable para su supervivencia política y terminó reculando en varios aspectos, tanto que los grupos que habían sido sacados del poder volvieron a ocupar puestos en la administración", comentó Gil Castello Branco, de la organización no gubernamental Contas Abertas, que monitorea el destino de los recursos públicos.

Según un informe de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), en Brasil cada año se pierden unos USD 20.000 millones por la corrupción. En el más reciente escándalo, el llamado "petrolão", el exdirector de Abastecimiento de la estatal Petrobras, Paulo Roberto Costa, preso desde marzo pasado, reveló que dentro de la compañía existía un esquema de cobro de sobornos de empresas que buscaban garantizarse contratos con la petrolera.

A cambio de una reducción de su condena, llegó a un acuerdo con la policía federal para delatar a ejecutivos y legisladores que eran parte de la trama. Y aunque esa información es aún secreta, figuras muy cercanas al gobierno estarían involucradas.

Dilma admite que para terminar con la corrupción se requiere una reforma política que es muy difícil de aprobar, y mientras tanto impulsa endurecer las leyes anticorrupción.

Por su parte, sus opositores Silva y Neves proponen el fin de la reelección presidencial y reducir la cantidad de ministerios que son tomados como botín: hay 39.

Dilma se afianza y Neves repunta

Dilma Rousseff (PT)

La presidenta amplió su ventaja; en un ballottage con Marina se impondría 49-41%, y con Neves, 50-41% 25.

Marina Silva (PSB)

La ecologista frenó su avance y ahora ve amenazado su ingreso al ballottage 20%.

Aécio Neves (PSDB)

Su crecimiento en las encuestas se mantiene y sueña con disputarle a Marina el segundo lugar.

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