9 de November de 2009 00:00

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Enrique Echeverría G.

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¿Puede dictarse sentencia en seis meses o en un año, según la gravedad de los delitos? Parece imposible. La Constitución Política tan invocada, dispone (art.77) que, en los casos de delitos sancionados con prisión, debe haber sentencia en seis meses; y en los peores –asesinato, homicidio, violación y similares, en un año-. Llegado esos plazos, el preso sale en libertad.

El sistema actual que, por principio es bueno y aconsejable, está lleno de audiencias. Si se analiza el Código de Procedimiento Penal, hay no menos de 10 audiencias, algunas de las cuales requieren la presencia obligatoria de juez, fiscal, defensor, testigos y peritos. Generalmente fallan los testigos, porque no están en la ciudad o han ido a residir a otra parte del país.

Ilustremos con  un ejemplo: el 12 de enero de 2005 se inició indagación previa por una adquisición para el Seguro Social. El equipo materia de la compra fue entregado; la Contraloría indicó que no tenía reclamo que hacer, ni siquiera en el campo administrativo, menos en el campo penal. Inicialmente no habían entregado unas licencias de uso, con el fin de presionar al Seguro para que pague otras facturas atrasadas. El valor de esta licencia (USD 2 700), la compañía vendedora reembolsó en dinero para evitar problemas. Así y todo, el proceso “oral” dura hasta la presente fecha (cuatro años y 10 meses) y ha acumulado 1 015 páginas. La clave de la demora fue la ausencia de un testigo que se había trasladado a residir en la provincia de Esmeraldas; y hasta localizarlo y conseguir su comparecencia transcurrió mucho tiempo.

Los fiscales acuden de juzgado a juzgado, convocados para las audiencias; los jueces no se dan abasto; los tribunales penales celebran hasta dos y tres audiencias por día; la Corte Superior está abarrotada y la Nacional, igual.

Hay una copiosa cantidad de proyectos de reforma al Código de Procedimiento Penal presentados al Congreso, pero este asunto capital no se ha tomado en cuenta. Novedad es que, según uno de los proyectos, se crearía una nueva regla para prolongar la prisión antes de sentencia, cuando el juez dicte auto de llamamiento a juicio. Entonces, el transcurso de los seis meses o del año ya no regiría y los jueces y tribunales tendrían más tiempo para tramitar el proceso, aunque con límite razonable, señalado en la ley.

Cabe recordar que el número de juicios ha crecido de tal manera que se hallan pendientes

642 843 boletas de citación solo de tránsito, a septiembre 30 de 2009, pero se recrimina a los jueces de tránsito por falta de “despacho oportuno”. Mientras tanto, el número de jueces no aumenta; de tribunales, tampoco; y en extremo, en la Corte Nacional, antes Suprema, en lugar de 31 magistrados los redujeron a 21. El cambio profundo debe ser en la legislación vigente y ya anacrónica; no en las personas.

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